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Sánchez romperá las reglas de la UE al elevar el gasto en 17.000 millones

España sigue aun sin reglas fiscales, pero la CE pide especial atención a los gastos e ingresos

Economia 10 de julio de 2022 E.C
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La revalorización de las pensiones, el sueldo de los funcionarios, los compromisos de Pedro Sánchez con la OTAN y, los intereses derivados, entre otras partidas, abocarán al Gobierno a un aumento del gasto público, de cara al ejercicio presupuestario de 2023, de casi 17.000 millones de euros, concretamente de 16.585 millones.

 Un gasto que se extralimita por lo marcado en las últimas recomendaciones del Consejo Europeo -del 18 de junio-, donde se establece no sobrepasar el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años), en el 2,5 %; es decir, 15.000 millones.

Las causas
En el caso de España, la revalorización de las pensiones al IPC explica este elevado gasto. En nuestro país, dicha prestación está indexada a la inflación, y por tanto -según cálculos de la AIReF-, con una media de un 8,2% para este año, la partida se eleva entre 13.000 y 14.000 millones de euros, teniendo en cuenta el incremento de las pensiones de las clases pasivas.

El Gobierno destinará hasta 3,8 millones en ayudas al metaverso
A la subida de las pensiones hay que sumar el sueldo de los funcionarios. En este sentido, y antes del repunte de la inflación y de futuros pactos de renta, ya quedó estipulado que para el próximo ejercicio la subida sería del 3%, lo que eleva el gasto no financiero en 775 millones de euros.

La partida de Defensa será otro de los motivos del aumento del techo de gasto -que un año más seguirá sin incluir las reglas fiscales. En este caso, y tras el compromiso adquirido por Pedro Sánchez con la Organización Atlántica de subir hasta un 2% del PIB, el desembolso de más de las Cuentas Públicas será de 1.200 millones (repartiendo en los 7 años que quedan el llegar al 2% del PIB, a razón de 2 décimas por año), explica Javier Santacruz.

A estas tres partidas, pensiones, funcionarios y Defensa, hay que añadir dentro del techo de gasto, los intereses, que llegan a 605 millones de euros. En suma, 16.580 millones de euros, en un momento en el que la deuda de España alcanza el 117,7% del PIB, según los últimos datos del Banco de España.

Lo preocupante de esta elevada cuantía -analiza Santacruz- está endosar 1,37 puntos de PIB adicionales de gasto, casi todo él estructural (quitando la parte de intereses que puede ser más coyuntural).

Y si bien es cierto que los ingresos serán mayores para el Estado -en estos momentos sobrepasa en 15.000 millones las previsiones-, también hay que recordar -explicó el jueves la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero-, que los gastos también serán mayores.

Las advertencias de Bruselas
Con motivo de la pandemia y de las consecuencias económicas derivadas, en marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros se ponían de acuerdo en activar la cláusula general de salvaguarda del marco presupuestario de la UE, alejándose de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente.

Meses más tarde, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobaba la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de los subsectores.

En todo caso, y sin ser obligatorio, el Ejecutivo trasladaba unos niveles de referencia del déficit público; niveles plasmados en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que se determina un compromiso de déficit del 5% para 2022, del 3,9% para 2023, del 3,3% para 2024, dejando la tasa por debajo del 3% -como exige la cláusula- para el año 2025.

Activada todavía la cláusula de salvaguarda, al menos hasta 2023, países como Alemania ya han anticipado su disposición a acometer las reglas fiscales el próximo año.

Entretanto, la Comisión ha solicitado a España que preste especial atención a la composición de sus finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias a fin de garantizar una recuperación sostenible e integradora.

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