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José Antonio Griñán, más cerca de la cárcel mientras Pedro Sánchez prepara su indulto

Sentencia del Tribunal Supremo: Griñán y Chaves conocieron y permitieron la creación y el mantenimiento del "sistema fraudulento" de los ERE

Corrupción 15 de septiembre de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
OIF
José Antonio Griñán y Manuel Chaves

El Tribunal Supremo ha confirmado su sentencia: los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves conocieron y permitieron la creación y el mantenimiento del "sistema fraudulento" de los ERE. La sentencia declara que "los distintos responsables crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda legalidad".

Tras la sentencia se abren dos frentes: el de los indultos y recuperar el dinero 'desaparecido'

 Ya en julio, el Alto Tribunal ratificó la condena si bien quedó pendiente conocer el contenido de la sentencia, conocida este miércoles y que cuenta con el voto particular de dos de las magistradas y que confirma la pena de seis años de prisión para Griñán por malversación y prevaricación y la inhabilitación durante nueve años para Chaves por prevaricación debido a que, entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. Lo que confirma, una vez más, la mayor trama de corrupción política en España a manos del PSOE. El partido más corrupto de España.  

El fallo indica que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a su cargo". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas, así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios".

Entiende la sentencia que la malversación de caudales públicos se produce cuando "se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo".

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Además, asegura que las "autoridades que intervinieron de forma determinante en los procesos de aprobación" lo hiceron "a sabiendas de que las aprobaban a través de un instrumento jurídico ilegal (transferencias de financiación) y con la finalidad de eludir el control previo de la Intervención de la Junta de Andalucía y la restante normativa de subvenciones aprobada por el Parlamento de Andalucía"

En este sentido, señala que hubo un delito de malversación "por omisión", ya que el expresidente de la Junta tenía "competencia para impedir que se llevara a cabo la sustracción de fondos" y no lo impidió. Él y los demás condenados por malversación, "podrían haber aprobado las partidas presupuestarias para la concesión de las subvenciones utilizando la clasificación adecuada, lo que hubiera posibilitado el control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como la tramitación de los expedientes de concesión con arreglo a derecho y no lo hicieron". 

"La magnitud de lo sucedido", prosigue el Supremo, "explica las dimensiones de esta causa y la existencia de más de un centenar de piezas separadas pendientes de enjuiciamiento". Para finalizar, la sentencia considera "suficientemente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas por el contenido de un informe pericial elaborado por funcionarios de la Administración General del Estado y ratificado en el juicio, así como por distintos testimonios y documentos".

La sentencia cuenta con el voto particular que formula la Magistrada Dª Ana María Ferrer García, al que se adhiere la Magistrada Dª Susana Polo Garcia, que se centra en que la condena por un delito de malversación de los cinco acusados ajenos a la consejería de Empleo (D. José Antonio Griñán Martínez, Dña. Carmen Martínez Aguayo, D. Francisco Vallejo Serrano, D. Jesús Rodríguez Román y D. Miguel Angel Serrano Aguilar) no se ajusta a Derecho.

De esta forma, si bien afirman que "se menoscabó en cantidades importantes el caudal público, entregándoles sumas relevantes de dinero a personas y entidades de forma ilegal y con grave perjuicio para el patrimonio de la Autonomía andaluza", creen que ninguno de los cinco acusados "intervino en esos actos fraudulentos", "ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo". 

Tras esta sentencia se abren dos frentes. Primero, el de los indultos, cuando se conoció el fallo, ya se anunció que la mujer de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarían la petición de indulto parcial para el expresidente andaluz alegando su "intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia". El documento, previsiblemente, será presentado ante el Ministerio de Justicia y tratará de evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, y contará además con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. 

Y es que ya se lo explicó Espadas a Macarena Olona en campaña: "No hable más de ese dinero, son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis". Zapatero admitió que se sentía "orgulloso" de Chaves y Griñán y Pilar Alegría y Pedro Sánchez lamentaron que, en el caso ERE, "pagan justos por pecadores".

 Segundo frente, recuperar el dinero robado: misión de Juanma Moreno Bonilla. Recuerden que solo se han devuelto 21 millones de euros de los 679 millones 'desaparecidos'. Cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta, se apartó del caso, poniéndole difícil a los andaluces recuperar el dinero. La Administración andaluza es la perjudicada por el caso, y como tal, es el legítimo agente que puede reclamar responsabilidades civiles en el juicio y exigir una indemnización, la estrategia de Suana Díaz impidió a la Fiscalia reclamar el dinero perdido de los ERE o una indemnización a la Junta. La única opción del Ejecutivo andaluz es la reclamación civil que solo puede presentarse una vez exista condena en firme, es decir, este fallo del que venimos hablando.

Habrá que esperar para ver las actuaciones que toma la Junta de Juanma. Lo que sí parece seguro es que el indulto será pedido y concedido: el socialismo, una vez más, toma por estúpidos a los españoles, algo absolutamente indignante.

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