La ministra de Industria, Reyes Maroto (PSOE), tiene al menos dos investigaciones abiertas por presuntos delitos de corrupción en su entorno más próximo. Su jefe de gabinete y su secretario de Estado de Turismo hasta hace unos días aparecen en sumarios judiciales que pueden empañar la campaña de la ahora candidata de Pedro Sánchez para rivalizar contra José Luis Martínez-Almeida.

Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona señala a la propia ministra y en especial a su jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart, en la Operación Voloh, que investiga los tejemanejes económicos en Cataluña al calor del procés. Dos empresarios aparecen en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que apunta a un posible trato de favor a una compañía automovilística.

Los indicios conducen a un trato especial del departamento de Maroto a la multinacional japonesa Mitsubishi en plena primera ola del coronavirus para facilitar la compra millonaria de parte de una compañía catalana de coches Bergé. Los pinchazos telefónicos del Instituto Armado recogen conversaciones de los cabecillas de esta presunta trama corrupta vinculada a ERC y Junts, el empresario David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas, y un trabajador de un conocido banco.

Comentan que el gigante de la distribución de vehículos asiático había logrado en las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus que «la ministra Reyes Maroto mirara un poco para otro lado» para que Industria no pusiera objeciones a la entrada de Mitsubishi en el capital de Bergé en un 25% del total, como informaron varios medios. Su secretario pidió de rodillas que ni una palabra, afirmó el empresario independentista cuando pensaba que no le escuchaban los agentes.

 Industria envió al magistrado Joaquín Aguirre correos internos sobre esa operación. En los emails, un alto cargo de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones informa a la empresa de que no requería autorización del Consejo de Ministros. El equipo legal de la empresa nipona contestó por la misma vía con agradecimientos por «su ayuda y rapidez de respuesta».

Durante el estado de alarma, el Gobierno de España aprobó el 18 de marzo un Real Decreto Ley para bloquear nuevas inversiones extranjeras pergeñadas para sacar tajada de la crisis sanitaria. Era un freno a la adquisición de compañías españolas a precio de saldo por su delicada situación económica a causa del Covid. La Guardia Civil, que acudió a las oficinas del Ministerio para incautar la documentación, alerta de posibles delitos de tráfico de influencias y de prevaricación. 

 Por otra parte, una imputación formal cerca a Reyes Maroto. Se trata de uno de los puestos claves en el Ministerio, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, un hombre muy cercano a la ministra por sus funciones en el Ejecutivo. A pesar de que el PSOE carga contra Almeida por el caso mascarillas, en el que no hay ningún imputado dentro del Ayuntamiento, Maroto ha confiado durante dos años a un imputado un cargo fundamental en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Los hechos que investiga la Justicia parten de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras la voz de alarma que recibió de la Intervención General del Estado tras auditar la Agencia Española de Cooperación Internacional. Una quincena de altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que está Valdés, están imputados por malversación y prevaricación.

La Intervención General denunció que varios contratos informáticos acabaron adjudicados a dos empresas sin cumplir las reglas en vigor. En 2010, aprobó un «plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica, llamado Plan Sigue, cuyo objetivo era dotar a la institución de un sistema informático que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo». En ese contexto, se sospecha que todo estaba apalabrado para que los contratos se los llevaran las empresas Roadmap Consulting y Fiables IT Outsourcing.

Valdés, que ha tenido que declarar en los juzgados por este caso, era subdirector general de la Aecid y actuaba como jefe de contratación. Por tanto, aunque el Ministerio lo niega, él tendría responsabilidad directa en estos movimientos contractuales. La Fiscalía, en su querella de 56 páginas, considera que él y otras personas «indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidores», las grandes compañías de consultoría tecnológica que se quedaron fuera.

El Ministerio Público agrega que «para actuar al margen y sortear los procedimientos legalmente establecidos justificando los expedientes, se fraccionó el gasto en unas ocasiones, en otras se adjudicaron prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios adjudicados sin licitación o se acudió a procedimientos que no correspondían».

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