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Así lo pone de manifiesto en su respuesta a una interpelación del partido “Valores”
Opinion 10/01/2023 Juan Mariano Pérez Abad
En este último año, las graves irregularidades que arrastraba nuestro Sistema de Protección de Menores han estallado salpicando todo el territorio nacional. La espoleta se activó en Mallorca, después de que la prensa internacional, primero la alemana y luego le europea, aireara la sistemática prostitución de niños y niñas tutelados, con el conocimiento y tolerancia de los Servicios Sociales responsables de su cuidado.
Posteriormente, otras muchas C.C.A.A. han ido asomando en las portadas: la Valencia de la Oltra, Euskadi de Odón Elorza, Madrid de la Ayuso, Navarra de Artolazabal… incluso hasta en la Murcia de Nacho Jacob “conde de Pozos Dulces”
A primeros de Noviembre del año 2021, el partido “Valores” presentó una interpelación ante la Asamblea Regional de Murcia, en colaboración con la Asociación Nacional del Menor tutelado. En ella se recogía una serie de 20 preguntas sobre la situación de los más de 1.000 niños tutelados que hay en nuestra Región (1)
En Febrero de 2022, a través de su Letrada-Secretaria General, la Asamblea Regional declara no tener competencias para conocer, averiguar o informar sobre la situación de los menores a su cargo (2) a pesar de que toda las C.C.A.A. tienen transferida ésta en la que la Asamblea se declara incompetente.
En Mayo-22, Valores interpela al Consejo de Transparencia, aludiendo a su derecho constitucional para acceder a la información solicitada (3) Ese mismo mes, el Consejo emite su respuesta confirmando la incompetencia de la Cámara Legislativa y pasando “la patata caliente” a la “Administración” de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia (CARM) (4)
En diciembre de 2022, Valores decide dirigirse directamente a la Presidencia de la C.A., a cuyo frente está D. Fernando López Miras. Para responder a todas esas pormenorizadas preguntas, en menos de 15 días, Silvia Muñoz Hernández, Directora General de Familias y Protección de Menores, en nombre de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y “Transparencia”, emitió un informe “opaco” que aporta “luz de gas” a lo preguntado (5)
De la escasa información relevante que se refleja en el informe, cabe destacar que la CARM declara tener 1.118 tutelados a su cargo, de los que refiere que 746 están en familias de acogida y 372 internados en residencias de acogida. Durante el año 2021, tan solo el 11 % de los primeros fue devuelto a su familia real, frente al 28 % de los acogidos en residencias.
Según informan, existen 3 centros de acogida públicos y 26 concertados. Las principales empresas titulares de tales conciertos son: “Hijas de la Caridad de S. Vicente Paul”, “Asociación Nuevo Futuro”, “Fundación Antonio Moreno” y “Diagrama”. Las preguntas solicitadas sobre datos económicos de gasto público y dotaciones económicas son contestadas con los “links” de acceso a los obscuros e impenetrables laberintos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia y el del Portal de Transparencia de la Región de Murcia.
Una pista más fiable sobre “por dónde van los tiros” en el tema de dotaciones económicas para el acogimiento de menores en la Región de Murcia es la que encontramos publicada en este artículo, en el que se refleja un mínimo de 164 € al día o, lo que es lo mismo, 4.992 € al mes por menor para el centro concertado que albergará MENAS en Nonduermas
Pero la conclusión más evidente que parece desprenderse del informe es la confirmación de la completa incompetencia de la CARM en la atención y cuidado de los menores a su cargo. La Dirección de Menores declara desconocer la mayoría de los datos fundamentales sobre ellos, pues la frase que resume la mayor parte de sus respuestas es: “En las bases de datos de la Dirección General no se ha recogido la información solicitada”.
Declaran no conocer su etnia o nacionalidad, cuántos incurren en actos delictivos, sufren agresiones físicas o sexuales, desaparecen o se fugan, se prostituyen, se drogan, se quedan embarazadas o abortan. Tampoco dicen tener recogido su nivel de estudios o integración laboral tras la mayoría de edad, aunque de un informe externo que anexan se desprende que los jóvenes ex-tutelados mayores de edad, duplican la tasa de paro de la población general, ninguno llega a un nivel académico de bachillerato y el 87 % no percibe ninguna percepción ni ayuda económica al salir del Sistema de Protección de Menores.
Dicen no saber cuántos padres reclaman judicialmente la devolución de sus hijos. Tampoco cuánto tiempo transcurre desde que les retiran los hijos hasta que se dispone de sentencia. No saben decir cuántas veces ni cuánto tiempo permiten que los padres puedan visitar a los hijos que les retiran. Parecen no tener pudor ni reparos en confesar que no conocen muchos datos básicos sobre los niños a los que se supone que cuidan, porque ni siquiera se molestan en recogerlos en sus bases de datos.
Aunque parezca difícil de creer (y de que sea tolerada por la CARM) semejante incompetencia, estamos dispuestos a aferrarnos a ella como explicación a este informe, para evitar tener que recurrir a la explicación alternativa. De lo contrario, para poder explicarnos la ocultación de los datos solicitados, tendríamos que adentrarnos en obscuras teorías conspiranoicas sobre presuntas tramas criminales que, infiltradas en nuestras más venerables y solidarias instituciones públicas, sustraen niños de sus legítimas familias para alimentar un negocio de malversación de caudales públicos.
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
3. https://surestepress.files.wordpress.com/2023/01/3-solicitud-consejo-de-la-transparencia-140522.pdf
5. https://surestepress.files.wordpress.com/2023/01/5-informe-respuesta-valores-copia.pdf
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