La falta de relevo a Laura Borràs en la presidencia del Parlament puede acarrear una situación sin precedentes en la institución catalana. ERC decidió apartarla cuando fue procesada por corrupción por la Justicia catalana, pero no ha sido reemplazada formalmente y la propia Borràs se resiste a dejar el acta de diputada y la presidencia.

La ley catalana 2/1988 estipula que, a partir de dos años en el cargo, se puede acceder a una pensión vitalicia a partir de los 65 años.

Diversas fuentes políticas consultadas sostienen que detrás de su negativa a abandonar la institución, más allá de que todavía no ha sido juzgada y debe prevalecer la presunción de inocencia, se halla su voluntad de acceder a esta jubilación de oro a la que tienen derecho los expresidentes de la Cámara catalana y que sería de unos 4.000 euros mensuales. 

 Dos años de presidencia
Este domingo 12 de marzo se cumplen dos años desde que fue elegida presidenta del Parlament. En ese momento, la causa por presunto fraccionamiento de contratos de su etapa al frente de la Institución de les Lletres Catalanes estaba abierta, pero todavía no era firme un acto de procesamiento ni se había abierto juicio.

El artículo 25 del reglamento prevé que un diputado puede ser suspendido cuando sea firme un acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno parlamentario lo acuerda por mayoría absoluta. La dirigente nacionalista trató de convencer a las fuerzas independentistas de cambiar este artículo de la Cámara para «blindar los derechos» de los representantes electos de la «injerencias» del poder judicial, pero no logró su propósito.

Los juristas consultados por este periódico subrayan la falta de precedentes de la situación de Borràs, y no hay consenso sobre si podrá aspirar a esta compensación económica. La presidencia del Parlament representa uno de los sueldos públicos más altos de España con 138.594,96 euros brutos anuales, además de los 16.975,56 de dietas de desplazamiento. De acuerdo con la ley autonómica, los expresidentes se aseguran un 40% de su sueldo a a partir de los 65 años.

El dilema radica en que la legislación especifica que se cobrará esta pensión si han superado los dos años en el ejercicio del cargo. Y Borràs está suspendida de derechos y obligaciones desde julio del año pasado. Y hay diversidad de criterios sobre si los meses transcurridos podrían o no computar para recibir la pensión vitalicia.

 Este beneficio de los expresidentes de la Cámara autonómica, además, se une a las polémicas que hubo con las otras jubilaciones doradas de los funcionarios de la institución. El Parlament paga 1,7 millones de euros anuales en concepto de salarios íntegros a funcionarios que deciden no trabajar en base al régimen conocido «por licencia de edad», una suerte de jubilación anticipada.

Borràs ha buscado todas las estrategias para mantenerse en el cargo de presidencia y dilatar los tiempos de la justicia. De momento, ha logrado que ERC y Junts no hayan acordado el nombre del diputado o diputada a sustituirla al frente de la Cámara.

 En su momento, y cuando ya se había iniciado la causa en su contra, la dirigente de Junts decidió -a diferencia de su compañero en el Congreso, Jaume Alonso-Cuevillas- agotar los plazos para renunciar a su acta de diputada en el Congreso después de salir electa en el Parlamento catalán. 

Este hecho demoró el plazo para que el Tribunal Supremo se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , ya que la notificación del magistrado instructor preguntando al Congreso si mantiene la condición de diputada no podía ser respondida hasta que Borràs entregara el acta.

Otra de sus estrategias fue la de presentar numerosas pruebas a practicar en fase de diligencias previas al juicio para dilatar en el tiempo la posible inhabilitación en caso de sentencia condenatoria. Con todo, ha logrado superar la barrera de los dos años sin ser remplazada en la presidencia del Parlament.

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