ANVIPED HA SOLICITADO LA ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES POR FRAUDE

Las irregularidades en el día de la convocatoria, en Correos, en el sistema informático y los resultados inverosímiles, son pruebas irrefutables de que ha habido fraude electoral masivo por parte del Gobierno

Noticias 04/08/2023 Javier Marzal Mercader
OIP (2)
ELECCIONES GENERALES

La asociación ANVIPED ha solicitado la anulación de las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023.

En los días 17, 20 y 21 de julio de 2023, ANVIPED y otras asociaciones han presentado reclamaciones y denuncias en la Junta Electoral Central, por las graves irregularidades que se estaban cometiendo en las Elecciones Generales, solicitando la suspensión de las elecciones hasta que pudieran realizarse de una forma confiable y cumpliendo las normas europeas respecto del voto por correo.

El inesperado resultado que contrasta con las encuestas que más aciertan y con la lógica del Gobierno que menos ha cumplido la legalidad, así como la falta de tramitación de las denuncias y otras irregularidades investigadas por ANVIPED, ha hecho que ésta solicitara la anulación de las elecciones o, al menos, del voto por correo y que se repita el escrutinio general, con las garantías que exije la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LORG).

ANVIPED ha redactado los escritos e investigado los hechos denunciados, salvo los acreditados por dos informes periciales, respecto de graves irregularidades en las anteriores elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 y de la inseguridad de correos.es que es valorada con 0 sobre 100 y más de 200 vulnerabilidades e incumplimientos de las normas europeas al respecto.

El Gobierno ha contratado a Indra en un concurso irregular, para crear un sistema informático diseñado para el fraude electoral. Sin ser exhaustivo, cabe destacar que las actas de las Mesas Electorales que recogen todos los votos presenciales, se escanean, pero no se utiliza un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés) para evitar errores o manipulaciones, facilitando la introducción de datos falsos.

El Gobierno ha exigido a Indra que sus Delegados autonómicos y Subdelegados provinciales tuvieran los datos actualizados cada tres minutos, como máximo, en hojas de cálculo, para que pudieran hacer cálculos. Esto supone un agravio comparativo respecto de otras formaciones políticas y una información valiosa para saber las cantidades de votos que debían cambiar. Además, el sistema debe permitir que estos Delegados y Subdelegados del Gobierno puedan modificar los datos, identificándose sólo con un usuario y una contraseña.

En cuanto a Correos, está presidido por un amigo personal de Sánchez que fue Jefe de su Gabinete y que gana 208.513,18 euros, una cantidad que perdería si saliera el Gobierno actual, lo que hace poco confiable a la empresa. Los grandes Sindicatos CCOO y UGT han calificado de “nefasta” la gestion electoral del Presidente y no de Correos, evidenciando el ilegal partidismo de éste, así como que miles de españoles se quedaron sin poder votar porque Correos no les entregó la documentación electoral o para proteger su vida, evitando las largas colas con el “mortal” calor de la época, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas.

El Consejo de Ministros decidió que Correos se encargara de la entrega de los votos desde el extranjero y de la custodia para facilitar el fraude electoral.

Las irregularidades en el día de la convocatoria, en Correos, en el sistema informático y los resultados inverosímiles, son pruebas irrefutables de que ha habido fraude electoral masivo por parte del Gobierno, además del habitual fraude electoral local que se comete desde el año 2000, como acredita el Acuerdo del 6 de abril de 2015, del expediente 334/26, de la Junta Electoral Central.

También se pide que la Junta Electoral Central (JEC) denuncie penalmente los hechos de nuestras reclamaciones. La JEC está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedrático o profesores de Derecho, Ciencias Políticas o Ciencias Sociales.

Cada una de las 50 Juntas Electorales Provinciales (JEPs) está compuesta por 3 magistrados de la Audiencia Provincial y dos catedráticos o profesores de las facultades mencionadas, todos ellos de la misma provincia que la JEP. En total son 150 magistrados y 100 profesores universitarios los que han permitido el presunto fraude electoral en el sistema informático, o parte de ellos.

En definitiva el fraude electoral desde el año 2000 es político, judicial y universitario.

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