HUELGAS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y COSTES ECONOMICOS REALES PARA SU PERSONAL

Ese tinglado corporativo de la Abogacía, que no está para servirnos, sino para servirse, adolece, como se ha puesto de manifiesto en las inanes y fracasadas concentraciones por una “solución” a tales huelgas

Opinion 25/09/2023 Eduardo Máximo Morato López
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HUELGAS EN LA ADMINISTRACION

Edu MoratoMáximo Morato López 

1.- Antecedentes previos:

 En un polémico artículo de opinión (recalco, opinión) publicado con anterioridad en Confilegal y titulado ¿Qué hay huelga en la Administración de Justicia?, que tanto juego dio en las insidiosamente esclavizantes redes sociales (y de las que me mantengo alejado), se realizaba una aseveración en el apartado 2º de tal artículo que era:

 << Y así, por ejemplo, los datos oficiales pondrán de manifiesto que los gastos de personal de enero a junio de 2023 no hay disminuido apreciablemente, por lo que si en verdad estuviéramos ante la clásica huelga, necesariamente tendrían que haber disminuido ostensiblemente. En cambio, los datos oficiales también pondrán de manifiesto que los asuntos nuevos y los procedimientos vivos en los juzgados y tribunales han crecido precisamente por esa manifiesta falta de rendimiento de los "huelguistas" >>.

 Es un hecho que desde finales de enero 23 hasta entrado julio 2023 ha habido una sucesión de huelgas en la Admón. de Justicia (LAJ’s y después los cuerpos de Gestores, Tramitadores, Auxiliares, etc) y también es un hecho que no existe correlación entre una sustancial reducción de gastos de personal (por causa de los huelguistas) y un parón del 100% en la misma, salvo para servicios mínimos.

https://impactoespananoticias.com/contenido/19270/sanchez-acusa-a-feijoo-de-alentar-el-transfuguismo?l=1695615938581

Y éso, que inicialmente es inquietante para la ciudadanía, tiene una fácil explicación al obedecer a determinadas causas como la fragmentación del expediente, de tal forma, que basta con que un eslabón de la cadena se rompa, para que el resto no funcione.

 Como aclaración importante en lo que a continuación se expone, he de decir que el presente lo publico a título particular como ciudadano (primero administrado, más tarde siervo y ahora esclavo de un sistema ineficiente, incompetente e ineficaz), y como profesional dedicado a la abogacía.

 2.   - Los datos del Ministerio de Justicia sobre las huelgas del personal laboral y funcionario de la Admon de Justicia:

 Mi aseveración inicial, que era evidente y sin ningún mérito, ahora se ve ratificada por datos conforme contestación del 25/07/23, día de Santiago Apóstol, Patrón de España.

 Los datos facilitados por el Ministerio de Justicia se acotan al denominado Territorio Ministerio (donde se integran las CCAA de Baleares, CyL, CLM, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), estando integrados en el mismo, los LAJ’s (antiguos secretarios judiciales) de toda España, y se corresponde con el primer semestre del 2023 (donde más incidieron las referidas huelgas).

 El cuadro sinóptico es el siguiente:

 MINISTERIO JUSTICIA
 
 DATOS FACILITADOS A 25/07/23
 
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 3.- Deducciones lógicas a partir del cuadro sinóptico:

 De tal sinopsis se deduce:

 1º.- Que el promedio mensual de personal laboral y funcionarios afectos a Juzgados y Tribunales fue de 15.585 efectivos.

 2º.- Que el promedio mensual de personal laboral y funcionarios afecto a Juzgados y Tribunales de baja, vacaciones y por otras otras licencias es de 1.012, teniendo una incidencia, sobre el promedio total de 15.585 efectivos de un 6,49%.

 3º.- Que respecto a los gastos en personal laboral y funcionario de Juzgados y Tribunales:

 -La nómina promedio mensual es de 3.087,02.-€/brutos, teniendo en cuenta que el gasto promedio mensual por nóminas es de 48.112.307,23.-€ y que el promedio mensual de efectivos es de 15.585.-€.

 -La reducción cuantitativa del gasto de personal por causa de las sucesivas huelgas en la Admón. de Justicia no ha llegado ni al 5%, es decir, que el coste promedio de la huelga para el personal laboral y funcionario se ha saldado con un coste mínimo para el personal de la Admón. de Justicia (lo que resulta compatible con el hecho de que cuando un eslabón falla, falla el resto de la cadena).

 Igualmente se debe matizar que en junio 23 se abona la paga extraordinaria consiguiente (por cierto, auténtico vestigio del régimen franquista instituida en 1947, y previamente la extra de Navidad en 1945, que la Ley de Memoria Democrática “no ha borrado”); que el mes de marzo 23 fue donde más reducción de gastos en nóminas hubo con respecto al mes anterior, no llegando a un 5%; y que el mes de mayo 23 el gasto en nóminas, a pesar de la huelga, se incrementó un 1,72% respecto al mes precedente. 

 Es decir, que el coste promedio de la huelga para el personal laboral y funcionario ha sido inapreciable, a tenor de esos datos económicos,  no justificando, por tanto, un parón de un 100% en la Admón. de Justicia, a salvo de  los servicios mínimos.

 4º.- Que el número de Juzgados y Tribunales en Territorio Ministerio que disponen de máquinas para fichar en uso efectivo (electrónicas y manuales en su caso) es cero, es decir, que no hay dispositivos para fichar, salvo que exista algún mecanismo desconocido para mí.

 Además, el propio Ministerio desconoce (y resulta abracadabrante) si hay o no tales dispositivos en aquellos territorios con competencias cedidas en materia de justicia (12 CCAA actualmente), actuando, por tanto, como compartimentos estancos y no existiendo ni tan siquiera una centralización de datos en el propio Ministerio de Justicia, lo cual es inexplicable, irrazonable, injustificable, asombroso e increíble, evidenciándose una incompetencia manifiesta.

 5º.- Que en cuanto al número de asuntos nuevos en Juzgados y Tribunales, el número  de expedientes vivos descontando asuntos nuevos en Juzgados y Tribunales y el  señalamientos suspendidos por la  huelga de personal laboral y funcionario de Juzgados y Tribunales, al menos en lo atinente a Territorio Ministerio es desconocido por el propio Ministerio de Justicia, al no disponer de datos (lo cual no deja de ser, nuevamente, abracadabrante).

 Para colmo de males, el propio Ministerio desconoce tales datos en aquéllos territorios con competencias cedidas en materia de justicia.

 Si recabáramos datos de todas y cada una de las CCAA con competencias cedidas en Justicia, es muy probable que si se extrapolan los datos facilitados por el propio Ministerio de Justicia, tales datos serían parejos.

 Por si alguien dudara de la veracidad de los datos vertidos en este artículo, no estaría de más que el propio Ministerio de Justicia me corrija, si estoy equivocado, enmendando lo necesario, a fin de contrastar sus correcciones con los datos que suministra.

 Las conclusiones, que en este momento no pretendo abordar en profundidad, no pueden ser más demoledoras para la Admón. de Justicia de condición y aspecto esclerotizado, noqueado y colapsado desde hace años y próxima a su óbito, tal y como la conocemos, al menos en lo que respecta en su aspecto organizativo y de su propio funcionamiento interno.

 3.   - ¿ Dará explicaciones el Ministerio de Justicia?:

 Todos sabemos que aunque debería imponerse la valentía y la claridad sobre el particular, el Ministerio de justicia (entre otros) ha callado y seguirá callando por mor del ejercicio de la doctrina “bienquedista” impostada en esta denigrante dictadura del mundo de los “políticamente correcto” trufada de personal de pieles finas y de lacrimógena liquidez sensiblera (se llama cobardía).

 Acotándonos al mundo del deber ser, y no del ser, resulta que debería ser el propio Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales del sector de la Admón. de Justicia quienes realicen un ejercicio didáctico, aunque sea a la desesperada, para explicar a los profesionales (procuradores y abogados) cómo pueden paliar su ruina profesional y económica, y a los justiciables (ciudadanos que buscan justicia) cómo puede apaciguar su desesperación. 

 Y así, mientras los profesionales podemos “entender” que a pesar de las huelgas en justicia (capaces de prolongarse meses y meses) tengan una ínfima repercusión económica en el personal laboral y funcionario en huelga por el motivo antes apuntado, los justiciables no pueden entender que el personal de la Admón. de Justicia, si sólo atendía los servicios mínimos no se traduzca en una proporcional reducción de salarios del personal laboral y funcionario (es decir, y por ejemplo, si los servicios mínimos prestados durante periodo de sucesivas huelgas, han supuesto, por ejemplo, al 25%  del total de servicios habituales, ése sería el porcentaje de sueldo que deberían cobrar tales servidores públicos y no otro).

 4.   - ¿ Defenderá el conglomerado corporativo de la Abogacía  los derechos de los abogados ante su ruina?:

 Al igual que en el caso del Ministerio de Justicia, donde el silencio es ley, este tinglado corporativo igualmente anquilosado y esclerotizado, tampoco. 

 No esperen que ni el CGAE, ni los Consejos Autonómicos ni los Colegios de Abogados (salvando algunas excepciones) defiendan los derechos de los abogado en tanto son parte del status quo estatal. 

 El cómplice silencio para con los profesionales que los integramos, al no haber estado a la altura y al no haber articulado en esa excepcional situación de huelgas prolongadas la adopción de una serie de medidas como la  exención / reducción de cuotas colegiales y de cuotas mutuales y la articulación de una linea de ayudas a fondo perdido y de financiación sin interés para poder seguir afrontando los mismos gastos, pero sin ingresos por mor de tales huelgas, son toda una manifiesta declaración de intenciones y << por sus hechos (mas bien por sus inacciones) les conoceréis>>.

 Ese tinglado corporativo de la Abogacía, que no está para servirnos, sino para servirse, adolece, como se ha puesto de manifiesto en las inanes y fracasadas concentraciones por una “solución” a tales huelgas, de un manifiesto complejo de inferioridad fundado en un miedo atávico para evitar las críticas de la arrolladora maquinaria administrativa y de las organizaciones sindicales del personal de la Admón. de Justicia. 

 Con ello se han retratado, siendo cómplices con su silencio, demostrando que no están para defender los intereses de los abogados sino para defender los suyos propios (pero eso ya lo sabíamos todos). 

 Se podrá decir más alto, pero no más claro: este abogado no puede callar ante esta manifiesta injusticia que seguimos sufriendo gracias al acomplejado tinglado corporativo, no pudiéndole dar crédito alguno en tanto ha sido una constante en décadas.

 Digan claramente que no representan a los más de 143.000 abogados ejercientes y que simplemente están ahí para representarse a sí mismos, a su proyección y a su medro personal. 

 Resulta triste, desafiante, pero también gratificante, que el único que representa la defensa de los más de 143.000 abogados ejercientes sean organizaciones ajenas a ese conglomerado. Y lo mismo se puede predicar para del tinglado corporativo de la procura, un sector aún más castigado que el de la abogacía.

 6.- Avisos a navegantes y el despertar de la abogacía (y la procura):

 Como primer aviso a navegantes, profesionales (abogados y procuradores) y justiciables, vaya por delante que próximamente habrá más huelgas en la Admón. de Justicia y con ello todo lo que implica; que estarán solos ante su propia ruina en tanto que los chiringuitos corporativos que dicen representarles y velar por la defensa de sus intereses ni lo han hecho, ni lo hacen ni lo harán. Pero ero esto ya lo dan por descontado. y con independencia del Gobierno que salga. ¡Faltaría más!. 

 El 2023 es un año judicial perdido y muy probablemente el 2024.

 Quizás llegue el momento en que hasta los abogados y los procuradores, y al margen de todo ese entramado corporativo de la abogacía (y la procura) se planten y acometan una huelga efectiva (con o sin derecho positivizado en tal sentido) ante una infartada Admón. de Justicia que les ha correspondido con la ruina profesional y económica. 

 Quizá sea ese el momento en que la abogacía (y la procura) despierte y adquiera la autoestima necesaria para la dignificación de estas nobles profesiones, demostrando madurez y resolución a la hora de tomar las riendas de su propio destino sin confiarlo a administraciones incompetentes ni a tinglados decimonónicos, manifiestamente inoperantes y ridículos, que siguen teniendo como última razón de ser el ser más papistas que el Papa.

 ¿Se imaginan que los sindicatos de la Admón. de Justicia defendieran el status quo en vez de los derechos de sus afiliados?. Yo no y Vds. tampoco.

 ¿Se imaginan que el tinglado corporativo de la abogacía defendiera el status quo “descuidado” de la defensa de los derechos de los abogados?. Pues bien, no es necesario imaginarlo.  Basta con ver la realidad (la que es, no la que pretenden), es decir, que la abogacía está huérfana de instituciones que la defiendan. Y Vds. también lo saben.

 Por cierto, una aclaración importante para evitar toda especulación y es que mi parte no me postulo a ningún cargo orgánico en esa estructura inane que es el tinglado corporativo de la abogacía, siendo mi misión (y al menos por ahora) estar donde estoy, en la trinchera reivindicativa.

 Como segundo aviso a navegantes, el Ministerio de Justicia y demás Consejerías de Justicia tendrán que implementar un sistema de control de asistencias serio y eficaz, en tanto no puede ser exigible a los procuradores y abogados que acudamos en hora a los señalamientos cuando la propia Admón. de Justicia no implementa sistemas de control para cumplir escrupulosamente la jornada laboral. ¿Se imaginan que los empleados del Santander, de Mapfre o de Mercadona no tuviesen sistemas de control  de la jornada laboral?. Sencillamente no podemos imaginarlo. 

 Pues en la Admón. de Justicia, ya ven, no es necesario imaginarlo, en tanto que ésa es la realidad, es decir que no hay que “fichar” (salvo en aquéllas Consejerías de Justicia donde se hayan implementado tales sistemas de control).

 Por último, agradeceré que si en este artículo lo datos y las consecuencias que de los mismos se desprenden no se ajustan a la realidad, pueden enviarme un correo electrónico a la dirección indicada al pie de firma, a fin de rectificar, de proceder, lo necesario, en tanto donde hay buena fe, no hay pecado.

 [email protected]

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