Las asociaciones cívicas españolas que convocamos la concentración de Cibeles18N en la que se dieron cita más de un millón de ciudadanos hemos presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones del PE por la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, invalida la acción de los Tribunales de Justicia y otorga impunidad a los delincuentes a cambio de sus votos.

Hoy queremos también señalar el espíritu antieuropeo y contrario con los valores europeos, incluido el estado de derecho, del pacto suscrito entre los socialistas españoles y el partido ultra nacionalista y separatista catalán que protagonizó un golpe contra la democracia y cuyo máximo dirigente es un prófugo de la Justicia.

Las mismas cuestiones que se señalan en nuestra denuncia han sido expresadas en el informe oficial sobre la proposición de Ley de Amnistía elaborado por los Letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España. El PSOE ha pactado la gobernabilidad de España con un prófugo de la justicia. Este pacto es profundamente antieuropeo y el despliegue de su contenido atenta gravemente contra los valores democráticos de la Unión, especialmente contra el Estado de Derecho (art. 2 del TUE) que somete a todos los ciudadanos a la ley, incluidos los políticos.

 En democracia no caben pactos políticos con quienes han violado la ley y se han fugado de un Estado miembros para evitar la acción de la justicia. Recordemos que Puigdemont está acusado por los tribunales españoles de graves delitos de desobediencia y malversación, además de terrorismo.

Walter Halstein, primer presidente de la Comisión Europea (1958-1967), subrayó que la Unión es una “comunidad de Derecho”, concepto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido confirmando de manera consistente en su jurisprudencia desde 1983, y que alude directamente al principio de respeto al Estado de Derecho. 
 
 Este ha sido un pacto vergonzoso, negociado de espaldas a los ciudadanos españoles y al margen de las instituciones democráticas españolas, contra el principio de transparencia que rige la acción de la Unión Europea y sus Estados miembros en su acción política y es un elemento fundamental de un sistema democrático.

El ejercicio del poder de manera opaca, contribuye erosionar las instituciones democráticas. La acción de los políticos debe ser necesariamente transparente, a fin de asegurar los máximos niveles de control del poder por parte de los ciudadanos. Esto esta directamente relacionado con la salud del Estado de Derecho, la transparencia debe garantizar que las leyes se negocian (en todas sus fases) y adoptan bajo es escrutinio público en las instituciones electas para ello, y que éstas leyes sean generales y se apliquen por igual a todos los ciudadanos. 
 
 Una Ley de Amnistía hecha a medida de los socios del PSOE. El pacto entre PSOE y Junts incluye una Ley de Amnistía para borrar los delitos cometidos por los políticos socios del nuevo gobierno. Delitos cometidos antes y después de la consulta y referéndum ilegales de 2014 y de 2017, incluso aquellos hechos delictivos ya juzgados y/o en proceso.

Estos delitos incluyen la malversación y actos de terrorismo (sobre los que no haya aun sentencia firme), ambos incluidos en las lista de delitos graves incluidos en el artículo 83 del TFUE y sobre los que la Unión Europea tiene competencias para establecer criterios y sanciones mínimas. 
 
 Otorgar amnistía a quienes perpetraron el golpe de estado de 2017 es un fraude democrático mayúsculo y es contrario a la Constitución. El propio presidente del gobierno y todos los miembros de su gabinete aseguraron, antes de necesitar los votos de Junts, que la amnistía no cabe en el marco constitucional español y que no la concederían, ya que supondría “eliminar el poder judicial”. 
 
 El proyecto de Ley de Amnistía también fue ocultado a las instituciones europeas, en violación flagrante del principio de cooperación leal entre Estados miembros e Instituciones europeas (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea). Ante la protesta masiva de miles de ciudadanos y de todas asociaciones de juristas de España que se dirigieron a las instituciones europeas mostrando su rechazo a la amnistía, el jueves 8 de noviembre de 2023, el Comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó por carta al gobierno de España detalles sobre el alcance temporal, material y personal de la ley de amnistía que estaban negociando el PSOE y sus socios.

En su respuesta, ese mismo día, el ministro español de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática toda información sobre la norma que estaban negociando, para presentarla él mismo en nombre de su grupo parlamentario el lunes siguiente, 13 de noviembre de 2023. 
 
 Sobre la tramitación de la Ley de Amnistía, cabe destacar que el motivo por el que el PSOE optó por una proposición de ley de su grupo político fue para eludir la consulta perceptiva (al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal) que establece la legislación española para propuestas legislativas del Gobierno (a fin de garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía en el proceso).

En su informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea 2023, la Comisión subraya las dudas que existen sobre algunas prácticas procedimentales en las Cortes, incluyendo la falta de consulta pública para propuestas legislativas de los grupos políticos y el uso excesivo de los procedimientos de urgencia para legislar. En el caso del proyecto de Ley de Amnistía se han utilizado ambas vías para su tramitación. 

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 Sobre los delitos de malversación (corrupción) del proyecto de Ley de Amnistía, cabe destacar que los delitos de corrupción están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar estos delitos, especialmente cuando los cometen políticos, y hacerlo a cambio de votos, tiene un impacto extraordinariamente negativo para la Unión a corto, medio y largo plazo.

La Comisión Junker ya lo advirtió cuando, en enero de 2019, alertó a las autoridades rumanas que la despenalización y amnistía a políticos de algunos delitos de corrupción suponía “exportar" sus conflictos internos a la Unión Europea, además de "un retroceso" para el estado de Derecho.

La lucha contra la corrupción es uno de los aspectos centrales de la defensa del Estado de Derecho. Además, amnistiar delitos de corrupción va en sentido radicalmente contrario a la reciente propuesta que de Directiva de lucha contra la corrupción se están negociando en estos momentos entre el Parlamento Europeo (y el Consejo).

De materializarse esta amnistía, se ahondaría en la deriva laxista que, por motivos políticos, el gobierno de España inició con las rebajas de penas ya adoptada por España en 2022 (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre), rebajas que fueron ampliamente criticada por la sociedad civil (tal y como refleja el informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea de 2023). 
 
 Respecto a los delitos de terrorismo, la Ley de Amnistía pretende borrar aquellos sin sentencia firme. Es decir, todos los que están siendo investigados en estos momentos en relación a los hechos delictivos posteriores al intento de golpe de estado de 2017. Este tipo de delitos también están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar y dejar sin efecto los procesos penales en curso para dichos delitos es, además, radicalmente contrario a la Directiva europea de lucha contra el terrorismo. 
 
 Comisiones parlamentarias de investigación para señalar y represaliar a jueces y funcionarios que en cumplimiento de las atribuciones establecidas por la ley investigaron y encausaron las acciones delictivas de los políticos, al amparo de la legislación española y europea.

Esto no tiene precedentes en la Europa democrática y responde solo a la voluntad de mantenerse en el poder a toda costa, incluso a costa del desprestigio del sistema judicial español. No se ha visto en toda la historia de la Unión Europea una injerencia tan flagrante en la independencia judicial y de las fuerzas de seguridad. 
 
 Dos cuestiones en paralelo: por exigencias de Junts, el gobierno eliminó la cláusula para dejar en suspenso la aplicación de leyes sometidas a cuestión prejudicial que contenía la versión inicial del recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2023, ello a fin de consagrar en la legislación española esta obligación europea.

Además, el gobierno se habría comprometido a transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Ambas cuestiones son contrariar a los compromisos del gobierno contraídos con Europa (la primera en el marco de del plan de recuperación y el compromiso de agilizar y asegurar una mejor coordinación del sistema migratorio, la segunda en el marco del reciente pacto europeo de inmigración y asilo al poner en riesgo esa transferencia de competencias el establecimiento de un enfoque común europeo en materia de migración y asilo). 

 La propuesta de Directiva 2023/0135(COD) incluye la obligación de los Estados miembros de establecer penas de prisión de al menos 5 años para los casos graves (agravadas si el infractor es un alto cargo), multas, destitución, o inhabilitación de quienes cometieron los delitos, además de una prescripción de 10 años. 

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