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El documento apunta que en todos y cada uno de los 30 contratos fiscalizados -de los 31 firmados- "se contempla el pago por adelantado, aunque no consta en los expedientes analizados justificación alguna"
Noticias 13/03/2024 VP, Borja NegreteEl Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en varios contratos que firmó por la vía de emergencia Correos para la compra de material sanitario contra la covid en 2020, el intimo amigo de Sanchez colocado a dedo, Juan Manuel Serrano, firmo estos contratos presuntamente irregulares, que no cumplieron con la ley de contratación publica.
El informe advierte, entre otros asuntos, de que la compañía pública, bajo mandato del amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, pagó por adelantado 7,6 millones de euros en diverso material, sin justificar la necesidad de proceder por esta vía de urgencia.
El documento apunta que en todos y cada uno de los 30 contratos fiscalizados -de los 31 firmados- "se contempla el pago por adelantado, aunque no consta en los expedientes analizados justificación alguna". En total, Correos procedió al pago por adelantado en 10 contratos que suponen un total de 7.639.981 euros, como ha podido comprobar este periódico.
No se trata de la única falta que percibe el Tribunal de Cuentas. En el informe también se denuncia que "de acuerdo con la información publicada en el Registro Mercantil, de los 29 expedientes analizados, en al menos 3 de ellos las empresas adjudicatarias no incluyen en su objeto social el suministro de material que constituye el objeto de los contratos -material sanitario-".
En una de estas adjudicaciones, Correos pagó 60.000 euros a Ochirando, dedicada a la consultoría fiscal, para adquirir guantes.
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Correos también incurre en contradicciones en una de sus adjudicaciones. La empresa pública destinó 11,8 millones para adquirir 4,7 millones mascarillas FFP2. En los criterios de adjudicación se dio prioridad al plazo de entrega frente al criterio económico.
Sin embargo, al formalizar el contrato, se estableció en beneficio del adjudicatario, Gamma Solutions, el mismo plazo ofertado por la empresa que quedó en segundo lugar y que había presentado una mejor oferta económica, "lo que privó de fundamento a la motivación de la selección del adjudicatario".
Por si fuera poco, la entrega de material se retrasó varios días a petición de la propia Correos, "lo que refuerza el criterio de que lo más adecuado hubiera sido aceptar la mejor oferta económica", indica el Tribunal de Cuentas. "En este caso tampoco figuran justificados en el expediente los motivos que llevaron al órgano de contratación a adelantar el pago del 50% del precio", subraya.
El informe también saca los colores a Correos por la falta de transparencia en las adjudicaciones. La empresa que pilotaba hasta hace bien poco Serrano no especificó el importe de 28 contratos, "una práctica que perjudica la efectividad de la aplicación del principio de transparencia en la gestión contractual".
La entidad se escudó en que siguió el criterio establecido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, "en atención a su naturaleza privada y mercantil". Correos tampoco dio cuenta de los mismos al Consejo de Ministros.
Otro de los aspectos por lo que se apercibe a la compañía que dirigía el amigo de Sánchez es por asignar al director financiero como encargado de "autorizar el gasto y, a su vez, el pago de estos gastos, a pesar de estar considerados como 'gastos a justificar' y de su validación posterior por el órgano de contratación". "No resulta muy adecuado", señala el tribunal, "dado que el margen de actuación y control del órgano de contratación se reduce una vez realizado el pago al proveedor".
El Tribunal de Cuentas fiscaliza también en este informe las polémicas adjudicaciones de Adif y Puertos del Estado a Soluciones de gestión y apoyo a empresas, la compañía vinculada al caso Koldo. No forman parte del mismo las adjudicaciones del Ministerio de Sanidad, ya que este documento se centra en adjudicaciones realizadas por empresas públicas.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha derivado a la Fiscalía Europea adjudicaciones millonarias del departamento de Salvador Illa. Entre ellas se encuentran los más de 3 millones de euros que pagó a una empresa de fabricación de yesos para traer respiradores de ventilación mecánica invasiva. Ninguno llegó a suelo español.
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