El organismo fiscalizador ha sacado adelante un duro informe que evidencia numerosas irregularidades y falta de transparencia en los contratos públicos de la pandemia
Noticias 10/04/2024
Impacto España Noticias
No hay rastro de su cuantía ni en el Boletín Oficial del Estado ni en la Plataforma de Contratación. El contrato firmado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del ministerio de Sanidad, cuyo titular entonces era Salvador Illa, con la trama Koldo es poco más que un ente abstracto cuyo coste se desconoce.
Sólo se sabe el coste por unidad de cada mascarilla ofertada, pero no cuántas adquirió Sanidad a las empresas del Caso Koldo ni si llegaron a su destino. El expediente AM 2020/070 se formalizó en noviembre de 2020 y cientos de proveedores nacionales y extranjeros acudieron a la llamada del ministerio de Illa, que ofertó la friolera de 2.578.729.505,65 euros -más de 2.578 millones- para proteger a España de la pandemia.
A dos de los 11 lotes en que se dividió la adjudicación acudió Soluciones de Gestión, la empresa tristemente protagonista del ‘Caso Koldoesfera’.
La oferta se dividió en 11 lotes, que a su vez se subdividieron en 113 contratos. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, acudió en una UTE (Unión Temporal de Empresas) junto a Ferrovial Servicios SAU. Resultaron adjudicatarios de dos de estos lotes, en concreto en el lote 8 y 9 con el contrato 70.74.
El primer lote era para suministrar «mascarillas de protección (eficacia equivalente a FFP2) y el lote 9 consistía en el mismo tipo de mascarillas pero con «eficacia equivalente a FFP3». En el primero de los casos, cada mascarilla costaba al ministerio de Sanidad 1,37 euros y las FFP3 salían a 2,53 euros. En ambos casos, impuestos incluidos. Pero no se sabe cuántas se compraron.
Las adjudicaciones de millones de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad en los tiempos de Salvador Illa, han sido analizadas de forma pormenorizada por el Tribunal de Cuentas. El organismo fiscalizador ha sacado adelante un duro informe que evidencia numerosas irregularidades y falta de transparencia en los contratos públicos de la pandemia.
La fiscalización, centrada en 2020, muestra incumplimientos, adjudicaciones a dedo con numerosas incógnitas, lotes defectuosos e, incluso, falta de seguimiento del material sanitario. En ese momento, las mascarillas eran imprescindibles y, sin duda, era necesario conocer su destino final.
Tanto Sanidad como otros ministerios fiscalizados han justificado la deficitaria gestión en un contexto de caos, prisas e improvisación. El detalle del informe, muestra la preferencia del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa por un proveedor, FSC Select, que era el elegido a la hora de sacar adelante los contratos.
Sin experiencia, con una actividad distinta y sin medios, consiguió traer cientos de millones de mascarillas. Los retrasos y el material defectuoso protagonizaron los envíos. Se tuvo que recurrir a Inditex para que las mascarillas llegasen a España. La sombra de la duda se cierne en los 217 millones que recibió.
La exministra Carolina Darias ha sido la encargada de rebatir punto por punto el duro informe del órgano fiscalizador. Con Illa fuera del ministerio y ahora de candidato del PSC a presidir la Generalitat catalana, Darias se ha encargado de las alegaciones. Ha defendido la falta de calidad del material suministrado, entre otras empresas por FSC, en que la prioridad en ese momento era el filtrado y no otras consideraciones.
El informe del Tribunal, de 351 páginas de las que 230 son alegaciones, centra buena parte de su fiscalización en los cuatro contratos de FCS. Las adjudicaciones tuvieron lugar el 23 de marzo y el contratista no tenía experiencia en el ramo sanitario. «El cumplimiento estricto del contrato por este adjudicatario fue bastante irregular y la Administración tuvo importantes dificultades para conseguir los suministros», destaca el Tribunal.
Uno de puntos clave de la fiscalización es el destino final de casi 30 millones de mascarillas. La ley vigente marcaba claramente el destino de los productos sanitarios -ciudadanos, personal sanitario, hospitalizados-, pero hoy se desconoce cómo fueron utilizadas. Señala el organismo «que en aquellos complicados momentos se habían establecido una serie de excepciones en relación con la calidad de los productos».
Así, la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 permitió que los productos sanitarios, como las mascarillas quirúrgicas, que no tuvieran el marcado CE pudieran ser objeto de una adquisición organizada por las autoridades competentes siempre que se verificara que respondían a un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad.
Hay que destacar que la mayoría de las mascarillas traídas desde China por FSC vinieron sin etiquetado.
Avanza el informe que la recomendación disponía que las autoridades competentes de los Estados miembros debían garantizar que tales productos solo podían estar disponibles para el personal sanitario. Estas mascarillas no podían entrar en los canales habituales de distribución. Pese a todo, destaca que no hubo seguimiento de los responsables.
«Se ha comprobado que al menos 28,6 millones de mascarillas fueron distribuidas por el Ministerio fuera del Sistema Nacional de Salud», señala. La distribución corrió a cargo de las delegaciones del Gobierno (25 millones), ministerios y ONGs, «sin que se conozca si todos los receptores finales fueron personal sanitario».
Como publico Impacto España Noticias en el 2022, el exministro Illa no exigió a su proveedor de confianza de material sanitario, la empresa catalana FCS Select, que sus mascarillas dispusieran de un etiquetado de calidad y de ciertos estándares de respirabilidad.
FCS Select, con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y con una nave comprada en 2022 en La Roca del Vallés (Barcelona), localidad de la que fue alcalde Illa entre 1999 y 2005, recibió el encargo de traer 508 millones de mascarillas de China. Fue en lo peor de la pandemia y recibió a cambio 217,5 millones de euros gracias a cuatro contratos de Sanidad.
Además de los lotes defectuosos, incumplimientos de plazos y la opacidad de esta sociedad que se dedicaba originariamente al envasado de bebidas alcohólicas, todo ello ya denunciado por Impacto España Noticias en el año 2022, el Tribunal de Cuentas ha resaltado la falta de calidad del primer lote de mascarillas -107 millones-. El dinero se entregó por adelantado y los traslados en avión fueron realizados por la flota de Inditex.
La empresa FCS Select Products fue una de las denunciadas por el PP en marzo de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción. Los populares reclamaron que se investigaran «nexos de amistad» entre los empresarios de FCS e Illa.
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