Juan José Escalonilla, sopesa sentar en el banquillo de los acusados al partido político Podemos que está imputado por un presunto delito de malversación y financiación irregular. El magistrado manifiesta que tomará declaración, por primera vez, al representante legal de la formación morada una vez que «se practiquen las diligencias pendientes».

De esta manera, el instructor prepara el Día D en el que el partido fundado por Pablo Iglesias deberá rendir cuentas ante la Justicia por desviar 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista Neurona Consulting SL.

El magistrado ha dictado esta resolución tras una solicitud realizada por la asociación de juristas Prolege, personada en la causa como acusación popular, que pedía que la coalición de Izquierda Unida y Podemos declarara ante el juez por transferir fondos electorales a la compañía mexicana. En el escrito, Prolege recordaba que la Audiencia Provincial, en el auto en el que confirmó la imputación de Podemos como persona jurídica, advirtió que «hasta la fecha no se había instruido al investigado de sus derechos conforme a lo previsto en el artículo 118 de la LECRim».

Es decir, que el juez no ha oído en sede judicial al imputado puesto que no le ha tomado declaración desde que se iniciaron las actuaciones hace un año. Por todo ello, la acusación solicita que el partido morado sea citado y preste declaración sobre los hechos por los que está siendo investigado.

«Dichos hechos presuntamente delictivos han sido cometidos en nombre y por cuenta de la coalición electoral Unidas Podemos, por personas en quienes concurría la condición de representantes legales o en quienes estaban autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma y ostentaban facultades de organización y control. En particular los hechos fueron cometidos al menos por Daniel de Frutos en calidad de administrador general de la coalición», expone Prolege en su escrito.

 
También subraya que «el órgano de administración del partido político Podemos no ejecutó con eficacia los modelos de organización y gestión que incluían las medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir estos delitos». Por esta razón, el partido debe responder como persona jurídica al no haber prevenido ni actuado de manera adecuada ante los hechos investigados.

Podemos, tal y como explica la asociación de juristas, disponía de un plan de cumplimiento que «eludió de forma fraudulenta al no haber respetado la autonomía de la persona que tenía encomendada la función de supervisión y control». Hay que recordar que el partido morado decidió despedir a los abogados José Manuel Calvente y Mónica Carmona por investigar y denunciar presuntas irregularidades cometidas en el seno de la formación.