Mañana 17 de diciembre entrará en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la nueva normativa que regula el Canal de Denuncias, es decir, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o lo que es lo mismo la Directiva Whistleblowing, más conocido en España como Canal Denuncias.

 Esto quiere decir que las empresas de más de 50 personas trabajadoras, públicas y privadas, tendrán la obligación de implantar este sistema de denuncias. Si bien las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras dispondrán de un período transitorio de dos años para ello, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2023.

Según marca esta nueva directiva, debe ser un instrumento de la empresa puesto a disposición de todas sus partes interesadas, con el fin de poder denunciar o revelar posibles infracciones o conductas irregulares que se puedan estar cometiendo en el seno de esta. Además, debe ser confidencial y garantizarse su accesibilidad y visibilidad. Asimismo, las compañías también deben garantizar todos los derechos que asisten a las partes implicadas.

España afronta esta nueva normativa con desventaja respecto a otros países. En palabras de Carlos Tauroni, responsable de consultoría de PONS Compliance, “sabemos que España aún no ha transpuesto la Directiva; mientras que, otros países de la UE no sólo la han transpuesto, sino que han sido más ambiciosos en el alcance de lo dispuesto en la misma, como por ejemplo Dinamarca.

Esta situación hace recordar lo que ocurrió con la Directiva de Protección de Datos en 2018.”. Según ha recogido el responsable de consultoría, la implantación del Whistleblowing supone un impulso a la ética de los negocios, garantiza la confidencialidad y el anonimato y la protección de los derechos durante todo el proceso de la denuncia. Precisamente, señala este aspecto como clave; el impulso que ofrece la implantación del canal a un entorno ético repercutirá en la disminución de conductas irregulares dentro de la empresa.

En este sentido, Carlos Tauroni se muestra muy optimista con esta nueva medida y considera que puede ser muy positiva para la salud financiera de la empresa y su ‘sostenibilidad’ en el tiempo. Supone una mejora no sólo en cuanto a nivel económico, sino también a nivel reputacional y social porque además de evitar posibles multas derivadas de malas actuaciones en el seno de la empresa, evitará que las empresas se “extingan” y, con ellas, tantos y tantos puestos de trabajo.

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