Los recortes en servicios y prestaciones tras la asfixia del Gobierno a las mutuas no han tardado en llegar. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas; Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional; y Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.

Así, desde estas tres organizaciones denuncian que el 50% de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria: «La mitad de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento», señala el presidente de CSIF, Miguel Borra, que asegura que estudian acciones jurídicas ante el «incumplimiento» de la continuidad asistencial.

Y es que tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 entre Muface y las aseguradoras sanitarias el pasado mes de diciembre, el derecho a la asistencia sanitaria de este personal (1.473.641 personas –984.867 titulares y 488.774 beneficiarios–) se está mermando «como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado». Entonces, el CSIF ya advirtió que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas.

Unidas Podemos y su batalla contra Muface
Hay que recordar que Unidas Podemos ya registró el pasado septiembre una iniciativa en el Congreso de los Diputados para acabar paulatinamente con Muface y el resto de mutuas que dan servicio sanitario a los funcionarios españoles, a pesar de que el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año, según datos de la patronal de la sanidad privada, Idis.

En la misma línea que Miguel Borra se pronuncia Aarón Rivero, secretario general de Jupol, quien asegura que el 25% de los encuestados han limitado las pruebas para detección de la covid. Además, informa que a lo largo del último mes, las tres organizaciones han realizado más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Recortes a pacientes oncológicos
No obstante, los más perjudicados, apuntan las tres organizaciones, son los pacientes oncológicos. Según aseguran, muchos no pueden continuar sus revisiones médicas en sus centros habituales porque el servicio de la mutua con el hospital ha finalizado. «En muchas ocasiones, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad», relata el presidente de CSIF.

Es el caso, por ejemplo, de los pacientes que estuviesen siendo atendidos por el grupo HM Madrid, que no ha podido llegar a un nuevo acuerdo con las aseguradoras, por lo que miles de pacientes «se han quedado fuera». «Es cierto que se tiene que dar una continuidad asistencial. Si una persona ha iniciado un tratamiento en ese centro debería continuar allí hasta terminar, pero sabemos que, en muchas ocasiones, eso no se está produciendo», asegura Miguel Borra.

En este sentido, desde el sindicato exigen a las mutuas que concreten cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento pero requieren de revisiones y el número de personas atendidas en 2021 y, de estas, cuántas siguen en tratamiento.

«Exigimos a las mutuas que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes», concluyen los tres organismos.

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