La producción externa sigue aumentando en Televisión Española, con creciente malestar entre sindicatos del ente público que ven cómo se aparca a la plantilla, a los profesionales de la casa, en beneficio del negocio de contratistas privados que, en un buen número de casos, cuentan con el marchamo de ser próximos a La Moncloa. Las cifras oficiales recopiladas son elocuentes: en 2017, último año completo del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), RTVE se gastó en «compras de derechos audiovisuales, retransmisiones y similares» 260,4 millones de euros.

En 2021, último ejercicio contable cerrado y bajo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, el ente público se gastó en eso mismo 367,46 millones de euros. Es decir, 107 millones más, un aumento del 41,1%.

 La contratación ha sido especialmente abultada en los últimos meses, desde que La Moncloa consiguió desprenderse de José Manuel Pérez Tornero y colocó al frente de RTVE a Elena Sánchez, presidenta interina a la que dio poderes ejecutivos con una polémica maniobra que ha acabado en los tribunales por gruesas dudas de legalidad.

En un par de meses el consejo de administración encabezado por Elena Sánchez ha aprobado expedientes de contratación por un total de 603 millones de euros, IVA incluido, de los que 159,9 millones corresponden a productoras externas y pago de derechos audiovisuales.

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«El volumen contratado en los últimos meses es muchísimo mayor que el del mismo periodo del año pasado», indica  un directivo del sector de la producción audiovisual que prefiere mantener el anonimato. Y reconoce que se está dando entrada a productoras externas en la elaboración de contenidos que se nutren mayoritariamente de los recursos de RTVE, caso de los programas que se basan en el archivo audiovisual de Televisión Española.

Es el caso de los nuevos programas ¡Días de tele', presentado por Julia Otero, y 'Cuando todo cambia', conducido por Ana Blanco. «La producción externa tiene sentido en contenidos de entretenimiento, en los que resulta más operativo o para los que quizás no hay medios suficientes en RTVE, pero para formatos de cariz informativo o que se nutren de los fondos y los recursos del ente público no tiene mucho sentido».

Paradójicamente, esta apuesta por repartir negocio a contratistas externos desde RTVE se produce con dos partidos en el Gobierno que pregonan su apuesta por el sector público. Y, paradójicamente también, ese aumento de la producción externa no está yendo acompañado de una reducción de los costes en el ente público. Los de personal han crecido un 16% en cuatro años: de los 389,26 millones de 2017 a 450 millones en 2021, último ejercicio contable al completo y auditado.

El resultado de esta gestión es que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, RTVE está más subvencionada con fondos públicos; por tanto, sale más cara: en 2017 recibía 921,8 millones de euros de ayuda pública para mantenerse a flote; en 2021 fueron 1.181 millones. Y, a la par, Radio Televisión Española está más penetrada por los contratistas privados gracias al negocio que reparte y en el que productoras próximas al poder encuentran creciente acomodo.

UGT, sindicato mayoritario en RTVE, se ha plantado frente a esas maniobras de Moncloa en el ente público. El sindicato socialista se ha convertido en una piedra en el zapato del Gobierno en RTVE: denuncia públicamente la oleada externalizadora y ha llevado ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta interina investida de poderes extraordinarios por el Consejo de Ministros, a espaldas del Congreso y sorteando la ley.

Radio Televisión Española tiene una plantilla que ronda los 6.500 trabajadores. Y el líder de UGT en el ente público, Miguel Ángel Curieses, recuerda que la ley veta la entrada de productoras privadas en la elaboración de cualquier contenido informativo de RTVE. Sin embargo, denuncia que esa barrera legal se está pasando por alto con la adjudicación a productoras externas de programas que tienen una clara vertiente informativa y que, por tanto, son susceptibles de ser moldeados al gusto del poder a través de esos contratistas.

Citan como ejemplo el programa que presentó Jesús Cintora, periodista que no está precisamente mal visto por la izquierda gubernamental. En RTVE cunde la convicción de que el anterior presidente del ente, José Manuel Pérez Tornero, firmó su principio del fin cuando decidió prescindir de Cintora.

«Durante la etapa de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE conseguimos que toda la parte técnica de la plantilla se pusiera a funcionar al cien por cien», explica Curieses. Pero Tornero cayó en septiembre, tras el acoso y derribo que desplegó Moncloa a través de sus 'peones' en el consejo de administración del ente público. Así llegó a la cima Elena Sánchez, y crece el recelo en una plantilla que ve cómo cada vez hay más trabajo asumido por productores externos.

«En estas fechas aún hay carga de trabajo por las galas navideñas y programas propios de esta época, pero tras las navidades ¿qué va a hacer nuestra gente, nuestra plantilla?», se pregunta en tono crítico el responsable de UGT en RTVE, que apunta directamente contra la estrategia de Moncloa y que cita un nombre clave como ejecutor: José Pablo López, director de Contenidos Generales de RTVE.

Fue nombrado hace ocho meses «y su fijación es contratar programas 'llave en mano'», es decir, elaborados de principio a fin y entregados como producto final a Radio Televisión Española.

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Curieses insiste en que se está despreciando a la plantilla, que se está prescindiendo de su capacidad profesional. «Por ejemplo, podíamos hacer toda la franja de programación de la mañana de Televisión Española y algún programa en horario de máxima audiencia», destaca el líder de UGT en el ente público.

Y critica que «siga sin estar previsto un programa de análisis y debate en el 'prime time' de TVE, que como televisión pública estatal debería abrir debates sobre grandes cuestiones, desde la pluralidad».

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