El Ministerio de Igualdad, de un tiempo a esta parte, se ha propuesto combatir la «violencia política» contra las mujeres que se dedican a la cosa pública. Esto es, a castigar «los insultos, las amenazas, los ataques mediáticos y/o las críticas en redes sociales» que pueden llegar a sufrir las dirigentes de nuestro país. El gabinete de Irene Montero encargó un informe sobre el fenómeno y ha prometido medidas para combatirla.

Por eso llama la atención el silencio de sus integrantes ante los improperios vertidos sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita de este pasado martes a la Universidad Complutense, donde fue recibida por jóvenes radicales de extrema izquierda al grito de «fascista», «asesina» o loca». Entre otras lindezas.

Ni Irene Montero, ni Angela Rodríguez Pam, su número dos, ni Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, han condenado lo sucedido en el alma mater de los fundadores de Unidas Podemos. Silencio absoluto. Un silencio que choca con el entusiasmo con el que han aplaudido la intervención de Elisa Lozano, alumna premiada con el mejor expediente de comunicación audiovisual del curso 21-22, que utilizó su discurso para arremeter contra la baronesa popular.

 Pero este silencio choca, sobre todo, con la firmeza con la que las dirigentes de Igualdad han blasonado en público de su compromiso con la erradicación de «todas las violencias políticas» contra las mujeres. De hecho, la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 incluye un apartado dedicado a este tipo de violencia. Al respecto, indica que «las prácticas tradicionales nocivas y los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género contra las mujeres».

Dotada con un presupuesto de 2.308 millones de euros, la estrategia también recoge iniciativas como la «realización de estudios y análisis sobre la violencia política sobre las mujeres», así como el «impulso de medidas para combatir la violencia política ejercida sobre las mujeres». 

La «violencia política»
El término «violencia política» trascendió cuando la diputada de Vox Carla Toscano aseguró que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es «haber estudiado en profundidad» a Pablo Iglesias. Pero este lleva tiempo siendo empleado por el Ministerio de Unidas Podemos, que en 2021 encargó un estudio al grupo feminista Hybridas titulado La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa.

Entre las conclusiones del informe, se extrae que «las formas de violencia más frecuente contra las mujeres inmersas en política son los insultos, el menosprecio, el silenciamiento, los ataques mediáticos, el acoso en el ámbito privado, las amenazas y el lawfare (la persecución judicial, en el argumentario de Podemos)». 

Como ejemplos paradigmáticos, el estudio recuerda cuando el diputado de Vox José María Sánchez García llamó «bruja» a Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE. También cuando Francisco Javier León de la Riva, exalcalde de Valladolid del Partido Popular, hizo el siguiente comentario en público: «Cada vez que veo los morritos de Leire Pajín, pienso en lo mismo». No hace mención a cuando Angela Rodríguez Pam llamó «puta coja» a una compañera de partido.

El documento, que costó 12.100 euros del erario público, asevera que los autores más habituales de estos ataques contra las mujeres políticas son los «opositores y bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, familia y amigos, miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas, redes sociales, policía y fuerzas militares».

 Pero este pasado martes fueron decenas de estudiantes de extrema izquierda quienes, con arreglo a la definición facilitada por el Ministerio de Igualdad, ejercieron «violencia política» contra Isabel Díaz Ayuso: llamaron al escrache en redes sociales, la insultaron e intentaron impedir que recogiera su condecoración como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid. Y ninguna de las miembros del gabinete que lidera Irene Montero han condenado lo sucedido.

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