Junts ha cumplido su órdago y ha dejado caer la Ley de Amnistía. Una ley a medida diseñada por Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa pero que, consideran en el partido de Carles Puigdemont, no blinda a los encausados separatistas frente a jueces «prevaricadores».

Una vez más, Junts ha hecho valer su fuerza y ha desafiado a Sánchez, rehén de sus socios, con una negociación contrarreloj hasta minutos antes de la votación en el Congreso. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia, donde tendrá que negociarse de nuevo.

La formación de Puigdemont, cuyo voto era indispensable, ha mantenido la presión hasta el último minuto. Su prioridad, como siempre han pretendido, era que la ley incluyese el borrado total de los delitos de terrorismo y traición, las dos cuestiones que están sobre la mesa en los procesos judiciales sobre el independentismo catalán.

En el trasfondo de la decisión, guiada desde Waterloo y confirmada en una reunión extraordinaria de la ejecutiva este mismo martes, están las relevantes novedades de los últimos días en los procedimientos de Tsunami Democràtic y el conocido como caso Volhov. Ambos procesos han sido prorrogados seis meses por sus instructores -el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y el magistrado Joaquín Aguirre, respectivamente-, que ven notables indicios de delito.

El primer caso afectaría a una veintena de encausados de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) -acusados de terrorismo- y de Tsunami, plataforma que organizó los altercados violentos que tuvieron lugar en Cataluña tras la sentencia del procés. La segunda investigación apunta directamente a Puigdemont y su equipo de colaboradores por los contactos con el Kremlin antes del referéndum ilegal de 2017 y tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Junts ya había avanzado esta mañana que no apoyarían el texto si los socialistas no atendían a sus exigencias para blindar la ley ante el «boicot» por parte de los «estamentos judiciales».

«Junts siempre ha defendido que la proposición de ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos , sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera», se leía en el comunicado.

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El PSOE no tenía margen para pactar nuevas enmiendas transaccionales, por lo que, para salir adelante, debía votar a favor de las modificaciones presentadas por los separatistas. Tanto Ferraz como Moncloa habían sido herméticos estos días, pero sin cerrar la puerta a las correcciones. «Somos conscientes de que tenemos que hablar y dialogar con las fuerzas políticas», había dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sólo unas horas antes del Pleno en el Congreso.

Las enmiendas que Junts había mantenido «vivas» hasta el Pleno -en el argot parlamentario, sujetas a una nueva votación- eran especialmente significativas. Una de ellas modificaba la lista de delitos excluidos de la amnistía, borrando por completo el terrorismo y la traición.

La última versión de la ley ya permitía amnistiar a los condenados por terrorismo, con o sin sentencia firme, con la única excepción de aquellos que «de forma manifiesta y con intención directa» hubieran causado «violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Sin embargo, las novedades judiciales de los últimos días habían despertado el temor en Junts. La semana pasada, el juez García-Castellón reafirmó la calificación de terrorismo por los violentos disturbios promovidos por los CDR y Tsunami y advirtió que las graves lesiones sufridas por dos policías en los altercados de octubre de 2019 serían «incompatibles» con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -«el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley»- , expresamente excluido de la ley.

Además del terrorismo, Junts también reclamaba incluir en la amnistía los delitos «de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional», con el objetivo de blindarse ante la investigación del juez Joaquín Aguirre sobre los presuntos vínculos del separatismo con el Kremlin, impulsada esta semana.

En Junts argumentaban que «existen dos procedimientos en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes por hechos que no serían tipificables como tales pero que lo están siendo» y veían necesaria la supresión «para conseguir» que la amnistía abarcase «al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán».

Ahora, la ley regresará a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se dispone de un mes para redactar un nuevo texto que se someta a la votación del Pleno. Este margen permitirá a Junts y al PSOE pactar las modificaciones. La negociación arranca, no obstante, marcada por una enorme desconfianza y con la amenaza lanzada por la portavoz separatista, Míriam Nogueras, desde la tribuna del Congreso: el PSOE debe apoyar sus enmiendas y «combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho».

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de «mimetizarse con el independentismo» y les ha advertido que caminan hacia el «abismo» con la Ley de Amnistía. El PP recurrirá la norma ante los tribunales «por todas las vías» y pedirá la protección de la Unión Europea.

En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijóo ha denunciado la «humillación constante» de los separatistas a Sánchez, convirtiendo cada votación en «un calvario».

«Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Señores del Partido Socialista, caretas fuera», ha exclamado Feijóo, recibiendo la ovación de su bancada.

El líder del PP ha destacado que el Gobierno de Sánchez se mantiene «con respiración asistida» y ha garantizado que su partido «rescatará democráticamente a nuestro país de la miseria moral a la que nos están condenando» los socialistas.

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