Plataforma de Personas afectadas por la proposición de ley que pretende abolir la prostitución

Una vez más, el Partido Socialista presentará en los próximos días en las Cortes una proposición de ley con objeto de abolir la prostitución. Según lo anticipado por la ministra de igualdad, Ana Redondo

Noticias 18/03/2024 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Ley que pretende abolir la prostitución

Una vez más, el Partido Socialista presentará en los próximos días en las Cortes
una proposición de ley con objeto de abolir la prostitución. Según lo anticipado 
por la ministra de igualdad, Ana Redondo, la ley pretende incorporar tres 
elementos al artículo 187 del Código Penal.

El primero sería la ampliación del

concepto de proxenetismo, el segundo buscaría penalizar la tercería locativa, y el 
tercero pretende castigar a todo el que promueva actos de prostitución para 
lucrarse de manera sistemática. De este anuncio se desprende que el feminismo 
punitivo ha renunciado, como pretendía hasta ahora, multar y castigar a los 
clientes del trabajo sexual, que era el objetivo primero de estas iniciativas legales: 
“ni un putero sin dientes”, gritaban en las manifestaciones. “Sin puteros no hay 
prostitución”, dicen en sus textos. Ahora se ve que han dado marcha atrás, de la 
misma forma que han renunciado en el PSOE a expulsar a los militantes clientes 
de prostitución. “Es muy difícil aplicar esa medida”, han dicho algunos dirigentes 
del partido. Desde la Plataforma les podemos asegurar que en realidad sería muy 
sencillo. 

Dice la ministra Redondo en el anuncio de la ley, que no se pretende castigar a las 
mujeres que ejercen la prostitución sino “impedir, dificultar enormemente” el 
ejercicio de su actividad. Para conseguir la máxima dificultad, se les va a prohibir 
que la desarrollen en pisos alquilados o en clubes u hoteles, porque empresarios 
y propietarios de pisos serán declarados proxenetas según el concepto ampliado 
que se pretende aprobar. La ministra nos debe explicar cómo va a lograr que no 
se castigue a las mujeres si cierra los lugares donde trabajan, si les hace imposible 
conseguir un piso donde trabajar. Su contradicción se podría resumir en una frase: 
“no voy contra usted pero esto que hace lo tendrá que hacer en la calle, en los 
parques, o en los baños públicos”. O en furgonetas aparcadas a la orilla del río, 
como vemos en Francia, país donde la violencia contra las mujeres se ha 
disparado, ante la indiferencia de los poderes públicos: “es un trabajo de riesgo”, 
responden desde el gobierno. 

La Plataforma Stop Abolición considera que esta propuesta de ley es un acto de 
hostilidad que profundiza el estigma de las trabajadoras sexuales, que interfiere 
en nuestra libertad y que nos condena a la clandestinidad. La reforma legal que 
plantea la señora Redondo es más propia de una dictadura moralista que de una 
democracia. Ante la nueva propuesta de ley la Plataforma anuncia movilizaciones 
que llevarán a la calle nuestra respuesta y exige que se nos deje hablar en la 
comisión que estudie esta propuesta, para que una vez más, una ley que nos 
afecta no se haga sin tener en cuenta nuestra voz. El PSOE pretende declarar 
ilegales unos lugares donde se ejerce una actividad que no es ilegal. Un disparate 
legal. 

Para argumentar nuestra posición, le queremos recordar a la ministra algunas 
cuestiones fundamentales: 

1.-Es falso que el 90 % de las trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo por 
coacciones, por presiones, o en situación de extrema necesidad. Investigadores 
como Carmen Meneses o José López Riopedre niegan de forma tajante ese 
porcentaje. En consultas a través del Portal de Transparencia, la Plataforma pidió 
al gobierno que aclarara la fuente de ese dato esgrimido por la Policía Nacional. El 
gobierno se remitió a lo dicho por la Policía. NO existe ninguna fuente que avale 
con rigor esa cifra. Si nos acogemos a las cifras que maneja el CITCO, el Centro de 
Investigación contra el Terrorismo y el Crimen organizado, que depende del 
Ministerio del Interior, el número de casos de explotación sexual y trata 
detectados cada año no llegaría al 1% del total de personas dedicadas a la 
prostitución.

2.-¿Y cuántas personas son esas? Pues según los investigadores que han 
estudiado este ámbito de trabajo, unas 120.000 directamente dedicadas al 
trabajo sexual. Son estimaciones similares a las que ha hecho la Agencia Tributaria 
cuando ha evaluado el trabajo sexual en España y ha estimado que de 
regularizarse, la tributación del sector sumaría más de 2.800 millones de euros a 
los impuestos que ahora se recaudan por esas actividades.

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 3.-De lo anterior se desprende que otra de las trampas mentales del 
abolicionismo es la confusión interesada entre prostitución y trata. Tal 
identificación equivaldría a confundir esclavitud con trabajo, lo que nos permitiría 
afirmar que todo trabajador ejerce su actividad presionado o coaccionado, o por 
extrema necesidad. Las investigaciones desarrolladas hasta ahora por sociólogos y 
antropólogos afirman que, si excluimos la trata, mujeres, hombres y transexuales 
ejercen el trabajo sexual con libertad y autonomía, y no tienen ninguna intención 
de cambiar de trabajo, y menos de acogerse a la consideración de víctimas 
subsidiadas por el Estado. Confundir trata con prostitución condena de antemano 
a todo un sector que es el más implicado en la lucha contra las situaciones de 
explotación, Trabajadoras sexuales y empresarios son los más comprometidos en 
la detección y denuncia de casos de explotación. De hecho, según las cifras del 
Poder Judicial, en 2020, 2021 y en 2022 no se cerró ningún local o 
establecimiento en España por estar citado en casos de trata. 

4.-En este sentido, las cifras que ofrece la estadística del Consejo del Poder
Judicial son reveladoras. En 2022 fueron procesadas 76 personas por trata, 40 
fueron condenadas, 35 de ellas por prostitución coactiva. De esas condenas, tan 
solo UNA llegó a través de denuncias de las organizaciones de la llamada 
“industria del rescate”. ONG’s que se dedican a alarmar a la población inflando 
estadísticas y cifras, y que multiplican por miles los casos que dicen que son de 
trata con fines de explotación sexual para justificar las subvenciones que reciben, 
contribuyeron con UNA SOLA DENUNCIA en el año judicial de 2022 a la lucha 
contra la trata. 

5.-Lo que oculta el abolicionismo es que en los países que han aplicado leyes 
similares ha aumentado la violencia contra las trabajadoras sexuales, los ataques, 
las violaciones, los robos, o la quema de caravanas, sobre todo en Francia, donde 
ejercen su trabajo. Los índices de violencia en Francia contra las trabajadoras se 
han multiplicado por cinco. Otro de los efectos de la ley francesa, que incluye un 
programa de acogida a aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución, es que 
las que han aceptado el programa no llegan a 150. 

6.-Podemos detenernos también en los estudios que manejan de “expertas” en 
prostitución, como Melissa Farley. Se trata de una las escritoras más citadas por el 
abolicionismo. Basta decir que su propia ayudante Collen Winn denunció a Farley 
por manipular y tergiversar los datos obtenidos en sus investigaciones para 
obtener conclusiones que apoyaran sus posiciones políticas. Farley hacía decir a 
los datos lo que no decían. 

7.-Por lo que se refiere a España, el Ministerio de Igualdad licitó un proyecto para 
estudiar la prostitución en nuestro país. La licitación quedó desierta, porque 
ningún equipo sociológico presentó su candidatura ante lo exiguo del 
presupuesto planteado. Nunca en España se ha hecho un estudio serio, completo 
y exhaustivo sobre la prostitución, Por tanto, las afirmaciones de que el 40% de 
los españoles consumen servicios sexuales, o que España es el primer país 
consumidor del mundo, son falsas mientras no las demuestre un estudio científico. 

Nos sobran razones para oponernos a una reforma legal que no tiene ningún 
sentido, que pretende ilegalizar los lugares donde se realiza una actividad que no 
es ilegal. Por todo ello, anunciamos que volvemos a la calle, con el objetivo de 
parar una reforma legal dictada por el moralismo populista y por la necesidad de 
un partido, el socialista, de tapar sus propias vergüenzas con una túnica de 
hipocresía.

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