Uno de los factores más importantes para entender el aumento de poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos años tiene que ver con la unión de estas pagas a la evolución de los precios. En la economía, el incremento de la inflación –hasta el 2,9% según el último dato del mes de julio– beneficia a unos y perjudica a otros.

Entre estos últimos, normalmente se encuentran los asalariados, pensionistas, ahorradores e inversores. Afortunadamente para la gran mayoría de trabajadores, los convenios suelen tener cláusulas que garantizan la recuperación en los salarios de un determinado porcentaje sobre la inflación prevista.

En el caso de los pensionistas, tienen garantizada la recuperación de sus pensiones ligada al IPC medio anual tras el reciente acuerdo parlamentario. El Ejecutivo prevé en su última previsión macroeconómica un deflactor del consumo privado –que se corresponde con el IPC– del 1,9% en 2021. Con estas previsiones, el Ministerio de la Seguridad Social deberá abonar una ‘paga’ extra en enero de 2022 de más de 2.000 millones de euros entre los casi nueve millones de pensionistas.

Previsiones
Otros informes, como el de Funcas, estiman que la inflación media de 2021 alcanzará el 2,5%, terminando el año en el 3,4%. Por su parte, BBVA Research anticipa una subida de precios del 2% de media anual y del 2,6% en diciembre. Los expertos calculan que cada décima que se desvíe la inflación media sobre el 1,9% previsto supone un desembolso para la Seguridad Social de unos 130 millones de euros.

 Un fuerte incremento de la inflación también perjudica a los ahorradores e inversores porque las inflaciones altas ‘se comen’ los intereses. Y en general, a la competitividad, pues aumentan los costes.

Este es uno de los principales problemas que están teniendo las empresas en nuestro país, ya que han visto encarecerse sus costes, tanto de producción como laborales. Y lógicamente, ambos aumentos deben de repercutirlos en sus productos, que se encarecen. Una situación difícil en un momento en el que la mayoría de los sectores económicos están cogiendo velocidad de crucero tras la crisis ocasionada por la pandemia.

 Afortunadamente para la economía española, el alza de la inflación es generalizada en la Unión Europea por lo que sus consecuencias no solo afectan a las empresas de nuestro país, lo que haría restar competitividad a las compañías españolas frente a sus rivales europeos.

Alerta en la UE
Ante este escenario, las autoridades monetarias siguen con detalle la evolución de los precios. Según cálculos del BCE, la inflación europea podría situarse a finales de año en el entorno del 3% y alrededor del 4% en países como Alemania, donde se prevé un mayor tirón de la economía. Así, en el conjunto del 2021 la subida media de precios se situaría por debajo del 2%, una posibilidad que permitiría mantener la una política monetaria se mantendría laxa, tal y como está ahora previsto, lo que apoyaría a la recuperación como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Pero lo cierto es que comienzan a escucharse las primeras voces en el banco central alemán que claman por un giro en la política del BCE. Lo cierto es que ante la posibilidad de que los precios se disparen más de lo previsto, las autoridades monetarias tendrán que empezar a plantearse la retirada de estímulos, lo que afectaría especialmente a los países que, como España, están más endeudados.

 Por otro lado, la subida de los precios también tiene efectos positivos para las administraciones en general debido al efecto de dilución que tiene la inflación sobre la elevada deuda que normalmente poseen.

Asimismo, Hacienda recauda más, ya que si suben los precios, tanto los ciudadanos como las empresas pagan más por el IVA.