La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha señalado este martes que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, debe explicar de forma "muy detallada" en el seno de Consejo Fiscal las "supuestas maniobras" que llevó a cabo para poder justificar que no se nombrara al que era fiscal del caso 'Villarejo' Ignacio Stampa para una plaza en la Fiscalía Anticorrupción.

Fue en octubre de 2020 cuando Delgado rechazó otorgar una de las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Stampa, que estaba adscrito al caso 'Tándem' --donde se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo--. La decisión de la FGE supuso dejarle fuera de esta fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.

Ahora, después de un año desde esa decisión, y ante "las recientes informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre las supuestas maniobras" de Delgado, la AF tilda el asunto de acusación "muy grave" y por tanto cree que "exige una explicación muy detallada de la propia FGE". Esas informaciones a las que se refiere son las que recogen que Stampa envió al Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial --extremo confirmado por Impacto España en fuentes conocedoras del asunto--.

Pero esta asociación no se queda ahí en el breve comunicado remitido a los fiscales y al que ha tenido acceso Impacto España, porque en un segundo párrafo acusa a la FGE de desconocer intencionadamente el Estatuto Orgánico de la carrera fiscal y el reglamento que lo desarrolla.

"Su trayectoria al frente de nuestra institución da cumplida cuenta de la forma de entender su funcionamiento, marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento que lo desarrolla, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del Gobierno, o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior", explican.

"UNA MANERA DE DIRIGIR"
Para concluir ese escrito, la comisión ejecutiva indica que el episodio de Stampa "desgraciadamente" no es nuevo y "forma parte de una manera de dirigir la institución que está generando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal".

Fuentes de la FGE consultadas  han mostrado su sorpresa por este comunicado, máxime cuando, sostienen, la propia Delgado se puso en contacto este lunes con los vocales elegidos tanto de la AF como de Unión Progresista de Fiscales (UPF), las dos asociaciones con representación en el Consejo Fiscal, y les trasladó su preocupación por las graves imputaciones en algunos medios de comunicación respecto del propio Consejo Fiscal. Añaden que, estos mismos vocales, compartieron esa preocupación.

Se da la circunstancia de que la Asociación de Fiscales no ha sido la única que estos días ha movido ficha en el asunto Stampa, ya que la semana pasada, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó una batería de "cuestiones" que deseaban "someter a la consideración" del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, relativas a la destitución de este fiscal.

LA APIF considera que "el asunto está presuntamente plagado de irregularidades" y que ello "causa un daño muy grave" a la Fiscalía, por lo que acordaron elevar la cuestión al órgano consultivo con la intención de obtener una respuesta.

El portavoz, Salvador Viada, aseguró que se está "asistiendo con escándalo" a la publicación de una serie de noticias sostenidas en la reclamación de responsabilidad patrimonial que realiza Stampa por el "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia"; en concreto, por "acciones" de la fiscal general que "determinaron finalmente" su "apartamiento" del procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional.

Entre las preguntas que lanzaba la APIF al Consejo Fiscal está la de si sabía en octubre de 2020, cuando le denegó a Stampa el apoyo necesario para ocupar una de las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del exjuez Baltasar Garzón --pareja de Delgado-- ejercía la defensa de varios investigados en el 'caso Villarejo'.

La APIF considera que se trata de un asunto de "máxima gravedad". A su juicio, "el Consejo Fiscal debe someter a debate un hecho que ha tenido una repercusión inmediata en un caso muy serio de corrupción política y policial".

En este sentido, ha subrayado el "perjuicio directo" que se le ha causado a Stampa, quien, según ha insistido, ha visto archivadas "todas las causas" abiertas en su contra. Y ha recordado, además, que incluso el anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo tuvo que pedir disculpas públicamente por unas declaraciones que hizo contra el exfiscal del 'caso Villarejo'.

Por su parte, los vocales del Consejo Fiscal elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) aseguraron este domingo en otro comunicado que para la decisión de no otorgar una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Stampa "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas". Así lo trasladaron en un comunicado en respuesta a la carta enviada por el portavoz de APIF.

NO HUBO REVELACIÓN DE SECRETOS

Cabe recordar que la Inspección Fiscal archivó en marzo de 2021 la investigación interna a Ignacio Stampa tras descartar que revelara secretos a Podemos en el marco de la causa sobre las actividades irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Fuentes fiscales confirmaron entonces que la Inspección Fiscal había dictado un decreto de archivo de la información previa abierta a Stampa, que no tenía naturaleza disciplinaria o sancionadora.

Además, la Fiscalía de Madrid ya archivó en febrero las diligencias de investigación que comenzó en julio a raíz de una denuncia presentada por Vox en Anticorrupción contra el fiscal Stampa; el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; la que fuera su asesora Dina Bousselham; y la abogada que en principio representó a ambos en una pieza del caso Villarejo ('Tándem'), Marta Flor.

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