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EXCLUSIVA: Caso COVID: Los sobrecostes del Gobierno de Canarias con fondos FEDER llega a la Fiscalía Europea

Los sobrecostes en las resoluciones emitidas por el Gobierno de Canarias para adjudicar contratos Covid-19 al triple de su precio a empresas concretas, serán objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea

Corrupción 11 de abril de 2022 Maria Montero
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Ángel Víctor Torres y Sanchez

El escándalo de las contrataciones de material anti Covid-19 durante la pandemia  al triple de su precio a varias empresas –incluso a algunas entidades empresariales al margen del sector sanitario– por parte del Gobierno de Canarias, ha sido recogido por la Fiscalía Europea a través de una solicitud de investigación que se basa en presuntas irregularidades.

Estas contrataciones se llevaron a cabo mediante resoluciones autorizadas por el presidente del ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), bajo el respaldo del vicepresidente canario, Román Rodríguez (NC) y avalado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para el uso de fondos públicos europeos FEDER.

 Las 59 resoluciones de adjudicación de estos contratos –23 adjudicaciones denunciadas– para la adquisición de material sanitario por 32 millones de euros, emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (DGRE), fueron  extraídos del Portal de Transparencia de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal como se ha hecho constar ante la Fiscalía Europea. Una de las premisas sobre la que se basa esta petición de investigación, realizada por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez, se fundaría en "un presunto sobrecoste en algunas contrataciones de material anti Covid-19".

Pero también, Pérez ha instado a la Fiscalía Europea a que se investigue "si existen presuntas vinculaciones de estas empresas con el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias y otras empresas intermediarias para fraguar este tipo de contratos públicos". Y si además, "se hubieran dado presuntas comisiones, prebendas, trato de favor, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho entre cargos públicos de Canarias u otras comunidades autónomas o del Estado con estas empresas u otras organizaciones para alcanzar este tipo de contratos con fondos públicos".

 Para mayor abundancia, se ha especificado ante esta fiscalía que el senador designado por las Corts Valencianes, Emilio Argüeso, y la senadora electa por Navarra, Ruth Goñi –pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto–, han solicitado –como avanzó en exclusiva IEN– la comparecencia ante el Senado del presidente del Gobierno de Canarias y de otros miembros del ejecutivo regional. Y se ha confirmado ante Europa, de igual forma, que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas han admitido a trámite otra denuncia sobre este asunto.

Diligencias de la investigación ante Europa

En este sentido, se incide en la apertura de una investigación respecto a la gestión de fondos públicos europeos FEDER para cubrir estas 59 resoluciones, así como de otras 34 adjudicaciones emitidas en 2020-2021 por la DGRE, en base a las actuaciones del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y el resto de responsables de la aprobación en esta cámara parlamentaria, así como cualquier otra entidad pública responsable en este asunto.

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 Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
No obstante, se ha hecho hincapié ante la Fiscalía Europea en tratar de averiguar "si existe alguna relación personal, profesional o económica, o vinculación de algún miembro del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, asesores, otros cargos de confianza u otros cargos de las instituciones públicas con las empresas adjudicatarias de estas contrataciones anti Covid-19 –de forma directa o a través de terceras personas para acceder a estas contratos, presuntamente, mediante sociedades intermedias para alcanzar estas adjudicaciones públicas–".

"Averiguar el uso de los fondos FEDER"

Uno de los objetivos que se espera que alcance la Fiscalía Europea, a través de esta denuncia, es "esclarecer el destino de los fondos públicos FEDER en materia anti Covid-19 en Canarias" que aparecen en dos documentos del Gobierno canario localizados en el Portal de Transparencia –aportados ante esta institución europea–, según avanza IEN.

Según una de estas publicaciones indicadas, "la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias comunicó al Servicio Canario de Salud que determinados contratos, destinados a hacer frente a necesidades provocadas por el Covid-19, habían sido objeto de cofinanciación".

 En función de los documentos, "como consecuencia de las modificaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 –mediante procedimiento iniciado el 8 de julio 2020–, en cuanto a los criterios y procedimientos de selección de operaciones del mismo, fue seleccionada la operación denominada ‘SCS': Actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario público frente a la pandemia Covid19".

En base a las medidas específicas para "movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías" en respuesta al brote de Covid-19 y "ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de coronavirus", el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 sufrió modificaciones que provocaron "la rectificación de resoluciones de ordenación de pago". Y estas se ejecutaron dentro del eje prioritario: ‘Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación correspondiente’.

 En esta solicitud se presentan indicios sobre "posibles irregularidades en 23 contratos en  relación a empresas creadas ‘ad hoc’ para recibir adjudicaciones, pero, además, contratos sin especificar ‘adjudicatario’ por un coste total de 7.410.000 euros. Sobrecostes en algunas contrataciones y empresas adjudicatarias que no pertenecen al sector sanitario. Todo ello, con un coste público de 17.337.199 euros. Un total de 32 millones de euros, además de las otras 34 adjudicaciones sin aclarar este gasto, sobre los que se pide esta fiscalización al ser fondos cofinanciados por la Unión Europea".

Ampliación de la denuncia contra el Gobierno canario

El denunciante, Juan Manuel Pérez –amparado por la normativa europea que protege a los denunciantes de corrupción–, ha confirmado  que tras la sustitución en el Portal de Transparencia del documento que contenía las 59 resoluciones de la DGRE del Gobierno de Canarias sobre contrataciones Covid por otro documento con 34 adjudicaciones distintas sin declarar el gasto público –denominado ‘Plantilla con la nueva imagen del gobierno’–, ha puesto en conocimiento estos hechos.

 Nuevas adjudicaciones del Portal de Transparencia.
De la misma manera ha actuado con la información de otras empresas adjudicatarias, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Fiscalía General del Estado (FGE), Tribunal de Cuentas y Fiscalía Europea.

Su objetivo es que "se esclarezcan estas adjudicaciones con la cuantía oculta" y, a su vez, "se investigue el movimiento de las publicaciones en los portales de transparencia para indagar si se han cometido presuntas irregularidades en la gestión de la edición de estos documentos".

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