La Junta de Andalucía reveló que apenas logró recuperar 23 millones de euros de los 680 millones que fueron desviados por referentes del PSOE para crear una maquinaría política que les permitió ganar las elecciones
Corrupción 16/08/2022 Hernán Martín
Tras las condenas contra José Antonio Griñán y Manuel Chaves, el Tribunal de Cuentas comenzó el procedimiento para intentar recuperar los 680 millones de euros malversados en el caso ERE y, para ello, investigará las subvenciones irregulares a la prejubilación que se entregaron a empresas como Delphi, SOS Cuétara y Tragsa.
En el caso de Delphi, el colectivo de exempleados de la planta de Puerto Real (Cádiz) emitió un contundente comunicado donde expresaron su opinión al respecto: “Los ex trabajadores afectados el abandono total y sistemático de las administraciones central y autonómica quieren recordar que sí hubo fraude en el ERE de Delphi.
Dos intrusos identificados por los sindicatos CGT y USO que posteriormente fueron excluidos de la lista. Hubo fraude dentro de las empresas auxiliares. Personas que llevaban trabajando relativamente poco en la factoría, personas que incluso comenzaron a contratarlas después del anuncio de cierre de la factoría; que eran y son amiguetes y familiares de los sindicalistas de CCOO y UGT que llevaban las negociaciones del protocolo en connivencia con la Junta de Andalucía. Estas personas consiguieron algunas prejubilarse por el ERE y otras recolocarse en Alestis, dejando fuera a otras con pleno derecho”.
Lo que más les indigna a los exempleados de la compañía es que “el dinero que estaba destinado a dar riqueza a Nuestra Tierra, a formar a los trabajadores, a buscar fórmulas y maneras de dar valor a nuestros productos endógenos y facilitar a los emprendedores, a las PYMES de nuestro entorno, a restaurar nuestro patrimonio lo hayan derrochado en corrupción y clientelismo”.
En el caso de Tragsa, la compañía recibió, según la denuncia oficial en su contra, casi dos millones de euros de la Junta de Andalucía “de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.
De acuerdo a la investigación en curso “directivos principales del Grupo Tragsa no habría presentado solicitud motivada y justificada para recibir las ayudas, en legal forma (incluyendo el importe de la subvención solicitada, actividad a subvencionar, memoria descriptiva, etc.). Se concedieron las ayudas –nótese, por un importe muy elevado– sin resolución motivada de concesión y, sin que además, al propio tiempo –o posteriormente– a su otorgamiento, se le exigiera que justificaran el empleo de los fondos públicos percibidos”.
Otras compañías investigadas por las ayudas sociolaborales concedidas en el caso ERE serían Primayor, SOS Cuétara, A Novo Comlink, Manufacturas del Corcho y parte de las empresas de la Faja Pirítica de Huelva.
Una fortuna con destino desconocido
La Junta de Andalucía reveló que apenas logró recuperar 23 millones de euros de los 680 millones que fueron desviados por referentes del PSOE para crear una maquinaría política que les permitió ganar las elecciones y conservar el poder durante años, gracias a una aceitada combinación de corrupción y clientelismo.
Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, remarcó que apenas se recuperó el 3% del dinero robado.
El Tribunal Supremo condenó por estos hechos a los dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves (el primero recibió una pena de 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; el segundo, 9 años de inhabilitación por prevaricación); el problema es que los exfuncionarios no deberán poner ni una moneda de sus bolsillos porque cuando la dirigente socialista Susana Díaz era presidenta del gobierno andaluz los abogados de la Junta se apartaron del juicio contra los ahora condenados y se negaron a acusarlos formalmente, esto impidió que la Fiscalía pudiera exigirles fianzas millonarias y dejó a la Junta imposibilitada de reclamarles los fondos desviados en los ERE.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo dice claramente: “La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables”.
Para sintetizar, el fiscal puede pedir cárcel o inhabilitación para los acusados, pero no que devuelvan el dinero de los ERE, algo que le hubiera correspondido exigir a la Junta si Díaz no hubiera cancelado esa opción.
Gracias a las maniobras de la entonces presidenta de la Junta, los condenados por el Tribunal Supremo no tendrán que pagar ni un solo euro de los 680 millones malversados en el caso ERE.
La única posibilidad que dejó abierta Díaz es el reclamo civil y eso es, precisamente, lo que intenta hacer ahora el Tribunal de Cuentas: ir empresa por empresa intentando recuperar el dinero robado, el problema es que este proceso es muy lento y posiblemente lleve años, especialmente si todas esas compañías comienzan a interponer recursos ante la ley.
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