El caos en el que se sume la gestión de las prisiones vascas desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cediese las competencias al Gobierno de Vitoria está generando un gran número de problemas a los más de 700 funcionarios que ahora están bajo la órdenes de la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal. Entre ellos, destaca el recurso que han planteado unos 70 funcionarios de prisiones, llegados desde otras partes de España el pasado febrero, contra la Administración vasca por la situación de discriminación salarial que padecen respecto al resto de sus compañeros desde que se incorporaron a sus puestos de trabajo. 

Del mismo modo, estos trabajadores penitenciarios también han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la «inacción» del Ministerio del Interior, y en concreto de su titular, Fernando Grande-Marlaska, en la discriminación que sufren estos funcionarios en las tres cárceles del País Vasco desde hace medio año. Fuentes jurídicas consultadas precisan, no obstante, que están intentando acumular los dos litigios en el mismo juzgado para que tenga mayor recorrido. 

A juicio de los principales sindicatos penitenciarios en la región, desde el pasado octubre, fecha en la que se materializó la transferencia de competencias al Gobierno autonómico, «la gestión vasca se ha convertido en un caos». «Las prisiones ofrecen ahora un servicio mucho peor del que había antes». Afirmaciones que se sujetan en toda una retahíla de hechos que han venido sucediéndose en los últimos meses: la dimisión de cinco responsables en las prisiones, la falta de personal «agravada por el gran número de jubilaciones», peleas multitudinarias entre presos, falta de suministros en las cárceles y servicios de los que, ante la falta de estructura en el sistema vasco, se encarga el Ministerio del Interior. Como es es el caso del control de las pulseras telemáticas o de los equipos informáticos, que todavía supervisa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

A todo ello, además, se suma el panorama que viven este grupo de funcionarios que llegó hace unos meses a las prisiones vascas. Atraídos por la mejora en las condiciones laborales y salariales, se postularon para trabajar en las prisiones del País Vasco. Sin embargo, una vez allí, la realidad que se han encontrado estos funcionarios ha sido completamente distinta. «Cobramos 400 euros menos que nuestros compañeros pese a que realizamos las mismas funciones y tenemos los mismos turnos, no nos pagan el complemento específico que estaba en el concurso de puestos, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)».

16 días menos de libranzas
«Tenemos 16 días menos de libranza; no nos dejan vivir en pabellones —viviendas propiedad del Gobierno vasco— mientras que el resto de funcionarios sí pueden, y nos obligaban a vivir en Euskadi si queríamos disfrutar del mes por incorporación por traslado», denuncian estos trabajadores. A juicio de estos empleados, el Gobierno vasco «planteó las bases del concurso sin informar a los funcionarios de que al transferir las competencias a esta comunidad autónoma los derechos de los trabajadores se verían vulnerados». «Nos dejaron vendidos porque solo querían asegurarse de cubrir el gran número de plazas vacantes que había en las prisiones», critican. 

Así las cosas, este grupo de trabajadores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra Dirección de Justicia, encargada de la administración penitenciaria, por haber vulnerado sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Representados por la letrada Raquel Sánchez Navarro, solicitan que el Ejecutivo vasco «cese en su actividad» y reconozca los derechos básicos de los «servidores públicos que se encuentren en la misma situación» para no ser tratados de «manera discriminatoria». 

«Desigual y discriminatoria»
En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, la abogada expone que, aprovechándose de la cesión de competencias en materia penitenciaria, la Dirección de la Administración de Justicia «está actuando de forma desigual y discriminatoria entre los funcionarios que ya trabajaban en las prisiones vascas y los funcionarios que se han incorporado el 24 de febrero de 2022» puesto que en los centros penitenciarios están aplicándoseles «horarios, jornadas y retribuciones distintas a las de sus compañeros que ostentan el mismo puesto de trabajo y categoría». 

La vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, reza el escrito fechado el pasado 5 de mayo, se fundamenta en que el Gobierno vasco «solo tenía el objetivo de conseguir dotar de personal a los centros penitenciarios del País Vasco», que en los últimos tiempos «se ha visto afectado por el éxodo de funcionarios de prisiones». Razón, explica, por la que «ocultó de forma intencionada información clave y necesaria sobre las condiciones de trabajo». En palabras de la letrada, el Gobierno vasco escondió «a los funcionarios que accedían al citado concurso que iban a verse gravemente afectados por unas condiciones de trabajo excepcionales donde se les mermaba sus derechos laborales».

 Por otro lado, los afectados también ponen el foco en el Ministerio del Interior. Critican que si el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska hubiese informado a los trabajadores de la situación que podían sufrir «se habría tirado por tierra la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco». Una cuestión que «habría enturbiado la relación con el Gobierno vasco» . «Podemos afirmar, una vez más, que el ministro ha vuelto a cumplir los deseos de sus socios de gobierno, sin importarle en absoluto los derechos de sus funcionarios penitenciarios», denuncian. 

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