La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) denunció en 2020 graves irregularidades e incluso ilegalidades en la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), la institución gubernamental ahora implicada en el caso Mediador y que maneja 67 millones de euros al año para cooperación internacional.

En ese momento, el Patronato, que es, según los estatutos de la Fiiapp, «el órgano de gobierno, representación y administración de la fundación», estaba encabezado por el vicepresidente primero del Gobierno de turno, en ese momento Carmen Calvo, y los ministros de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y Justicia, Juan Carlos Campo.

Entre la veintena del resto de miembros del Patronato también figura el secretario de Estado para la Agenda 2030, que en ese momento era la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La auditoría la venía realizando una empresa especializada contratada por la Fiiapp, como es habitual en el sector privado, pero, según las fuentes consultadas, algunas sospechas de irregularidades propiciaron que las cuentas de 2018 las analizara el cuerpo de interventores del Estado, la IGAE (ese ejercicio el Gobierno lo había presidido los primeros cinco meses Mariano Rajoy y Pedro Sánchez los siete restantes).

  El trabajo de control de cuentas se encargó a un teniente coronel interventor proveniente del Cuerpo de Intervención del Ministerio de Defensa y especialista en contratación pública. Con fecha 29 de enero de 2020, la Oficina Nacional de Auditoría emitió el informe, en el que expresó una opinión desfavorable.

La intervención emitió un informe complementario en diciembre, que no se hace público pero a cuyo contenido , que fue «demoledor, una bomba atómica», dicen fuentes conocedoras del mismo. De hecho, la IGAE señaló que las «debilidades existentes» en materia de contratación no se adaptaban «al espíritu de transparencia, publicidad y concurrencia».

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El interventor señaló hasta 26 «incumplimientos observados», enumerados con todas las letras del alfabeto de la 'a' a la 'z' (exceptuando la 'ñ'). El primero de ellos era, directamente, la «no aplicación de la Ley de Contratos». Y es que, según las fuentes consultadas, la Fiiapp se había saltado sistemáticamente los procedimientos de libre concurrencia:

«En multitud de expedientes sólo hay un contrato y una factura, porque no se sacaban a concurso», dicen. De hecho, el interventor lo señaló de este modo: «b) Incumplimiento del carácter formal de todo proceso contractual público conforme al TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) por ausencia de expediente de contratación».

También observó «cláusulas ajenas al objeto del contrato que pueden producir nulidad de pleno derecho».

El rosario de incumplimientos recogía la aplicación de prórrogas no permitidas y hasta la ocultación de información al Tribunal de Cuentas. También fraccionamiento de contratos, ausencia de publicidad de la adjudicación, «incumplimiento reiterado de la falta de transparencia y precisión de los procedimientos establecidos de contratación» e incluso que la «adjudicación de los contratos de servicios, de forma indirecta, se deja en algunos supuestos a criterio de organismos ajenos a FIIAPP».

«Medidas correctoras»
La Intervención del Estado llegó a señalar que detectaron «la adjudicación de contratos por una cantidad al menor licitante, pero a la firma del contrato se formaliza por mayor importe», lo que contraviene la Ley de Contratación del Sector Público.

El informe complementario de la auditoría instaba al departamento de Asesoría Jurídica de la Fiiapp a realizar «un esfuerzo de control en coordinación con Recursos Humanos y Gestión Económica, para así evitar los incumplimientos legales que se han detectado y que afectan a los proyectos».

Es fundamental este epígrafe en el que la IGAE señala directamente la comisión de ilegalidades porque, además, se refieren «de manera singular» a una serie de proyectos del área de Seguridad y Justicia entre los que el interventor cita GAR-SI, el que hasta 2021 lideraba para el Sahel el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, en prisión provisional por el caso Tito Berni.

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Suspenso con un 3,6 sobre 10
Siguiendo con las recomendaciones de la IGAE, el órgano de control evidenció el descontrol a la hora de contratar, que hacía necesario «implantar una verdadera estrategia de contratación en la provisión de bienes y servicios necesarios en el desarrollo del objeto de la Fundación, al comprobarse su ausencia y obtenerse una baja calificación (3,6 sobre 10) en las pruebas efectuadas de calidad contractual».

La Fiiapp estaba «vulnerando todos los principios establecidos en la legislación contractual». El diagnóstico fue duro: «En consecuencia se han de evitar y corregir todos los defectos, fallos, incongruencias, inconsistencias, irracionalidades, etc., detectados en los expedientes tomados como muestra, y así se podrán obtener parámetros de medida para una correcta aplicación y cumplimiento de dichas políticas de corrección».

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 En general, detectaron el «incumplimiento del carácter formal de todo proceso contractual público» y gastos efectuados en los que «no se puede constar la existencia de contrato vigente que lo soporte».

La fundación gubernamental aceptó el informe de la IGAE y reformuló sus cuentas de 2018 con fecha 22 de diciembre de 2020. Una vez rehechas, el resultado de la auditoría fue de «opinión favorable con salvedades».

Se debió a que «no es posible afirmar la coherencia de la información contable de los epígrafes correspondientes con la información contenida en el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones económico financieras que asume la Fundación como consecuencia de su pertenencia al Sector Público».

El informe final lo firmaron el director de Auditoría y la jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría el 23 de diciembre de 2020.

Constataban «la existencia de múltiples errores detectados» en la contabilidad de los saldos con terceros y algunos en los que «no se han podido realizar procedimientos de auditoría».

«Estas circunstancias constituyen una limitación al alcance de nuestro trabajo que afecta a un importe global estimado de 4.079.614 euros, del epígrafe de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y 5.712.391 euros, el epígrafe de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar», explicaban en el informe.

LA IGAE: «NO SE APLICA A LA LEY DE CONTRATOS»
Incumplimientos detectados
- Incumplimiento del carácter formal de todo proceso contractual público conforme al TRLCSP por ausencia de expediente de contratación.

Casos concretos detectados
- Se detecta la existencia de contaros adjudicados sin ningún tipo de proceso de licitación en múltiples proyectos, no cumpliéndose la obligación de haberse tramitado una licitación conforme a los principios de publicidad y libre concurrencia.

Medidas correctoras
- Se recomienda un esfuerzo de control (...) para así evitar los incumplimientos legales que se han detectado y que afectan a los Proyectos de manera singular y en concreto a los que desarrollan el Área de Asistencia Técnica (Seguridad y Justicia, especialmente: MYPOL, EU-ACT, ECI-NÍGER, GARSI; Desarrollo y Medio Ambiente: Intercambio de Expertos UE - Cuba).

La Fiiapp es una fundación del sector público que se dedica a la cooperación internacional mediante la puesta en marcha de proyectos que se engloban en el marco de la Agenda 2030.

La fundación tiene un equipo directivo que rinde cuentas al patronato, presidido por el vicepresidente primero del Gobierno de turno, actualmente la vicepresidenta Nadia Calviño, que sucedió a la citada Carmen Calvo.

La fundación gestiona alrededor de 120 proyectos al año con una inversión media de 67 millones de euros anuales. Acumula un millar de proyectos en 114 países con una inversión de 400 millones de euros.

Tito Berni
El nombre de la Fiiapp saltó a los medios por el papel que desempeñaba el general Espinosa en la trama del caso Mediador.

En el marco del proyecto GAR-SI, que pretende «garantizar la seguridad y la estabilidad en los países del G-5 Sahel y Senegal, mejorar las capacidades operacionales, reforzar el control efectivo del territorio y extender la acción del Estado de Derecho», la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife libró hace unas semanas un requerimiento de documentación a la Fiiapp sobre cuatro contratos adjudicados a un empresario implicado en la trama.

Se trata de suministros de drones en Mauritania, Níger, Malí y la base de Logroño por 263.000 euros adjudicados entre 2020 y 2021, los años en que se circunscribe la investigación sobre una trama de mordidas en la que el «mediador», Antonio Navarro Tacoronte, habría gestionado comisiones de empresarios a cargos públicos como el general Espinosa -presuntamente- a cambio de influencia y, se sospecha, también de adjudicaciones.

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FUENTE P: ABC