La Abogacía del Estado pide personarse en 'Tsunami Democràtic' por los daños de 362.000€ en El Prat

En un documento adjunto, constan dos transferencias de abril y mayo de 2020 por el "tumulto" de ese 14 de octubre donde el CCS ingresa a AENA 50.000 y 311.997,35 euros, respectivamente

Investigacion Judicial 10/01/2024 EP
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Tsunami Democràtic

La Abogacía del Estado ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del 'procés' que le permita personarse en la causa como parte perjudicada por los casi 362.000 euros que tuvo que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) a AENA por los daños provocados durante las movilizaciones del 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat.

En un escrito, la Abogacía del Estado --en representación del CCS-- pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que le dé acceso a la causa en calidad de acusación particular por la indemnización que el Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que abonar en su día a AENA.

En un documento adjunto, constan dos transferencias de abril y mayo de 2020 por el "tumulto" de ese 14 de octubre donde el CCS ingresa a AENA 50.000 y 311.997,35 euros, respectivamente.

García Castellón investiga si los altercados que siguieron a las condenas impuestas por el Tribunal Supremo (TS) al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O estuvieron organizados por Tsunami Democràtic.

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El instructor ha puesto el foco en las protestas en El Prat, concretamente en la muerte de un turista francés a causa de un infarto al considerar que las movilizaciones independentistas pudieron influir.

El juez apunta a delitos de terrorismo y ha pedido al Supremo que investigue al ex presidene catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por estos hechos.

Entretanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en apelación al considerar que no hay indicios suficientes contra Puigdemont y que, a lo sumo, se trataría de un delito de desórdenes públics.

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