El PSOE recuperará su apuesta por abolir la prostitución en la Convención Política que celebrará este fin de semana en A Coruña, un tema presente en su programa electoral para las últimas elecciones generales pero aparcado en el acuerdo de coalición progresista de PSOE y SUMAR, debido a las diferencias entre ambas formaciones.

El PSOE pese ser un partido donde muchos cargos socialistas han sido imputados por utilizar fondos públicos en prostíbulos, y en consumo de coca, así como el propio suegro de Pedro Sanchez, que dirigió junto a la esposa de Sanchez prostíbulos y saunas, con mucho dinero en B, ahora quiere promulgar la abolición de la prostitucion sin conversar con las asociaciones de mujeres de la noche que no están de acuerdo con las medidas de este gobierno, que tachan de hipócritas, "Salen del Congreso de votar en contra de la prostitucion y luego vienen a que les demos servicios".

   Así se desprende del documento 'Impulso de País',  y que servirá de base para actualizar su ideario, en el que, en todo caso, los socialistas se limitan a considerar necesario crear una "conciencia colectiva" contra la prostitución y la explotación sexual sin mencionar las vías legales para su abolición.

   "España no puede seguir liderando el consumo de prostitución. Somos un  partido abolicionista, para el que no es admisible que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres sigan existiendo en una democracia plena. Es necesario crear una conciencia colectiva a este respecto", señalan los socialistas en el texto.

   En este sentido, rechazan que los cuerpos de las mujeres sigan siendo objeto de "mercantilización y explotación", ya sea en las formas de la trata y la prostitución, la pornografía, los "vientres de alquiler" o el uso de tecnologías que banalizan comportamientos violentos.

"La violencia que sufren las mujeres en múltiples y nuevas expresiones, protagonizadas además por agresores y víctimas cada vez más jóvenes, demanda una respuesta urgente, coherente y sistemática", señala.

   La prostitución y la gestación subrogada son dos de las materias que quedaron fuera del acuerdo PSOE-SUMAR, pero que sí se recogía ampliamente en el programa electoral del PSOE para las elecciones del pasado julio.

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   Concretamente, los socialistas se comprometían a defender "un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse", por ser incompatible con el modelo social que proponen. Además, mencionaban explícitamente que desarrollarían una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluía el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas.

PROPOSICIÓN DE LEY EN LA PASADA LEGISLATURA
   De hecho, los socialistas ya habían presentado en el Congreso una proposición de Ley contra el proxenetismo en la pasada legislatura, que fue tomada en consideración gracias al apoyo de PP y Podemos -aunque con el rechazo de los 'Comunes'- y no contó con el visto bueno de sus socios entonces en la Cámara Baja.

   El PSOE había intentado llevar a cabo estas medidas a través de una enmienda a la polémica Ley del 'sólo sí es sí', pero se vio obligado a retirarla precisamente por la amenaza de sus socios de no apoyar la norma en su conjunto. Finalmente, la presentó por separado como proposición de Ley pero, tras ser admitida para su debate, pasó un año sin que avanzase su tramitación y finalmente decayó por la convocatoria de elecciones.

   Los socialistas ya han avanzado que recuperan diversas leyes que decayeron en la pasada legislatura mientras estaban en tramitación, pero no se han referido concretamente a la de las sanciones a los proxenetas y a los clientes.

   El documento para actualizar el ideario socialista sí menciona, por ejemplo, La Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que se encuentra en el Congreso, y que también había decaído. De este modo, el PSOE se centra en la necesidad de crear esa concienciación "con el impulso de políticas igualitarias que creen entornos que favorezcan el empoderamiento y la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral", mencionando medidas de conciliación, protección a familias monoparentales o la lucha contra la violencia de género.

   Igualmente, arremete contra la "ultraderecha" que, según asegura, ha puesto la lucha contra la igualdad como uno de los objetivos marcados en rojo y en el que "está encontrando la complicidad del Partido Popular siempre que la ha necesitado". "La protección de muchas mujeres en España frente a la violencia de género depende, precisamente, de quienes niegan su existencia.

El PSOE se compromete a impulsar una acción de gobierno dirigida a que ninguna mujer se sienta desprotegida por el hecho de vivir en una región española gobernada por la derecha", añade.

   En definitiva, se compromete a seguir siendo la "casa común" del feminismo el diálogo y el encuentro para llevar a cabo la agenda feminista, que no es otra que el impulso de políticas que nos conduzcan hacia una sociedad igualitaria, compuesta por mujeres y hombres libres e iguales en derechos y oportunidades.

   La prostitución es una materia que genera divergencias tanto en las formaciones políticas como en el propio feminismo. De hecho, es un asunto que divide a las dos facciones imperantes en España. Mientras las consideradas 'históricas' son abiertamente abolicionistas, las del 'feminismo extenso' no tienen una posición común.

CONTRA PROXENETAS, CLUBES Y CLIENTES
   La proposición de Ley registrada por el PSOE en la pasada legislatura suponía la modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".

   Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

   También recuperaba la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.

   Igualmente, multaba a los clientes de prostitución, es decir, a "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos". Concretamente, establecía una multa de 12 a 24 meses, que se elevaba a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

   Curiosamente, esta norma no hacía ninguna referencia a medidas contra la pornografía, pese a las reclamaciones de parte del movimiento feminista en España. Mientras, en el programa electoral del PSOE se limitaban a mencionar esta práctica en un amplio capítulo dedicado a evitar el acceso de los menores a este tipo de contenido, un debate cada vez más destacado en la agenda política. Ahora, los socialistas señalan explícitamente la pornografía entre las formas de "mercantilización y explotación" de los cuerpos de las mujeres.

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