Le atribuye prevaricación, malversación y fraude y recuerda que el ex responsable de Ingesa declaró que el exministro estaba al tanto de las contrataciones
Noticias 23/03/2024
Impacto España Noticias
Vox ha interpuesto querella contra Salvador Illa en el Tribunal Supremo por los contratos del Ministerio de Sanidad para suministrar material sanitario. La formación que lidera Santiago Abascal pone el foco en cerca de una veintena de adjudicaciones por importe de 623 millones de euros a empresas que no pertenecían al sector o que no estaban recomendadas, como ya publico Impacto España Noticias en 2021 y 2022.
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La querella, actúa contra el que fuera ministro de Sanidad en el alto tribunal por su condición de aforado. En concreto, pide a la Sala Segunda que le abra causa por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos y que investigue presuntas irregularidades de estas adjudicaciones que se tramitaron por la vía de emergencia.
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Entre las empresas recogidas en la querella destaca FCS Select Products, mercantil cuya administradora fue condenada por estafa y que habría abonado 2 millones de euros en comisiones a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por mediar para el suministro de mascarillas antes de que estallara la pandemia en España.
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Se trata de empresas que han vuelto a salir a palestra a tenor del estallido del caso Koldo que ha destapado que algunas de ellas, como es el caso de la propia FCS Select Products, fue pagada con fondos europeos. De hecho, la propia Anticorrupción así lo trasladó a la Fiscalía Europa a petición de esta última, tal y como reveló este medio.
Vox pide al alto tribunal que investigue las "irregularidades" de estas contrataciones 'a dedo' teniendo en cuenta que gran parte del material adquirido llegó en estado defectuoso. Al hilo sostienen que estas adjudicaciones se realizaron "con conocimiento y autorización" del entonces ministro Illa "en todos los casos".
"Se ha tenido pública noticia de que el Ministerio de Sanidad adjudicaba arbitrariamente a las misteriosas empresas chinas a un precio casi cinco veces mayor que el establecido por el propio Ministerio en el Acuerdo Marco para las Comunidades Autónomas", reza la querella.
La misma explica que, de todas las adjudicaciones que acordó entonces el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) al menos doce de ellas fueron para empresas de cuya existencia se duda al carecer de identificación fiscal alguna.
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Vox destaca que algunas de las adjudicatarias estaban recién constituidas y con un capital social ínfimo, siendo además que no guardaban relación con el sector sanitario. Por ello, pide al Supremo que investigue un total de 17 contratos que se adjudicaron desde Ingesa en los peores meses de la pandemia.
Entre ellos destacan el suscrito con la firma Weihai Textile Group para el suministro de batas desechables por más de 8 millones de euros y que también se habría costeado con fondos europeos. Se trata de una firma que no se encontraba entre el listado de mercantiles que recomendaba el Gobierno chino y que vendió el material sanitario a un precio 50 veces superior al que se podía conseguir en el mercado.
Vox también incluye el acuerdo con Hong Kong Travis Asia Limited; convertido en uno de los contratos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez tanto por su elevado coste (más de 200 millones de euros en varias adjudicaciones) como por la opacidad de la firma, de la cual tampoco figuran datos públicos. El partido alerta al respecto de que la memoria explicativa únicamente informaba del suministro de 56,2 millones de mascarillas sin detallar clasificación alguna.
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Este periódico desveló que la empresa asiática se constituyó en 2019 con apenas 1.200 euros de inversión y se ocultaba detrás de un entramado societario que dificultaba el rastreo de sus verdaderos dueños. Algo similar ocurre con Hong Jin Medical Science and Tecnology Services, a la que se adjudicó la compra de material sanitario por más de 51 millones de euros, aunque carece de identificación fiscal, nacional, domicilio u objeto social conocido.
Vox también incluye el contrato firmado el 24 de marzo de aquel 2020 con la firma Hyperin Grupo Empresarial para la compra de 144 respiradores. El partido destaca que el objeto social de esta empresa es el de "fabricación de elementos de yeso para la construcción", que fue creada meses antes de la adjudicación y que nunca ha presentado sus cuentas. Como informó este medio, se pagaron 3 millones de euros de las arcas públicas y no llegó material alguno.
Illa pagó 3 millones a una empresa de yesos por unos respiradores que nunca llegaron:
Al respecto, Vox denuncia que se trataron de adjudicaciones "arbitrarias y nepóticas" por las que debe rendir cuentas Illa en tanto desde enero de aquel 2020 se estaba al tanto de la gravedad de la situación ante las advertencias de la OMS.
Por ello denuncia que no hubo criterios objetivos en la contratación y que el proceso adoleció de transparencia, al haberse tramitado de emergencia. "Las consecuencias de un orillamiento completo de la normativa reguladora de la adjudicación de emergencia no están exentas de responsabilidades, incluidas las penales", indican.
Además, la querella apela a las declaraciones que prestaron tres altos cargos de los Ministerios de Illa y de María Jesús Montero, a quienes se investigó en un juzgado de Plaza Castilla por las adjudicaciones de Sanidad. Vox, que ejerce la acusación en dicho procedimiento y que ha pedido su reapertura, recuerda que el entonces director de Ingesa, Alfonso María Jiménez, explicó que "no conocía a ninguno de los proveedores que resultaron adjudicatarios".
Del mismo modo relató que despachaba personalmente con el ministro dos veces al día, "a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde". Con todo, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, archivó las diligencias, a petición de la Fiscalía, alegando que la actuación fue "ajustada a derecho" y que no se pudo probar que cometieran prevaricación o malversación con estas adjudicaciones.
El partido que lidera Abascal recupera ahora estos testimonios para apuntalar la presunta responsabilidad penal del entonces responsable de Sanidad, a la par que recuerda que no se ha llegado en ningún momento a dar el nombre de las personas que formaban parte del "equipo multidisciplinar de expertos", encargado presuntamente de localizar y gestionar las compras con los proveedores.
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A todo ello Vox añade que de las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional por el caso Koldo se desprende que Illa tenía "conocimiento directo, exacto y puntual". Cabe destacar que uno de los informes de la UCO destapa las conversaciones entre los implicados de la trama en las que aluden a su intención por suministrar material también a este departamento; hecho que finalmente ocurrió.
Así pues, Vox solicita que se abra causa por presunta prevaricación, malversación y fraude, que se recaben de Sanidad todos los expedientes de estos contratos covid y que se adhiera del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid las declaraciones de los tres altos cargos de Sanidad y Hacienda que han sido investigados por algunas de estas adjudicaciones.
Del mismo modo se pide incorporar los informes de la UCO que relativos a la gestión de Sanidad en los contratos con Soluciones de Gestión y que se libre oficio a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que se designen a peritos que valoren dichos contratos. En último lugar, Vox pide al Supremo que oficie a la Fiscalía Europea para que se le haga el oportuno ofrecimiento de acciones.
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