La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, acaba de anunciar otra vuelta de tuerca a su política restrictiva con la inmigración. Quiere retirar las ayudas públicas y subsidios a los inmigrantes que no estén trabajando y cotizando en el sistema público danés. «Durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a muchas personas al no pedirles nada», ha justificado esta nueva exigencia- Su ministro de Trabajo, Peter Hummelgard, alega por su parte que «lo más importante para nosotros es que la gente salga de sus hogares».

La medida es parte de un paquete de reformas que Frederiksen ha presentado con el objetivo de aumentar la integración de los inmigrantes y equilibrar un sistema social en el que considera que pesa demasiado la ayuda a los inmigrantes y refugiados. Afectará a personas desempleadas con «necesidades de integración» que reciben apoyo económico del Estado. «Queremos introducir una nueva lógica de trabajo en la que las personas tienen el deber de hacer una contribución y ser útiles», ha explicado Frederiksen, «y si no pueden encontrar un trabajo regular, tendrán que prestar algún otro tipo de servicio para obtener sus subvenciones».

Inicialmente, el esquema está destinado a quienes han estado recibiendo beneficios estatales durante tres o cuatro años y no tienen un cierto nivel de escolaridad y conocimiento del danés. La jornada laboral debe ser de al menos 37 horas semanales. «Puede ser un trabajo en la playa en el que se recogen colillas de cigarrillos o plásticos, o ayudando a resolver diversas tareas en una empresa», ha especificado Hummelgaard.

El gobierno danés, que se ha fijado públicamente como objetivo reducir a cero el número de solicitantes de asilo, también observa con preocupación la baja tasa de empleo entre las mujeres procedentes de Oriente Medio, África del Norte y Turquía y considera que ayudará a su integración laboral esta nueva normativa, que debe todavía ser aprobada por el Parlamento. Hasta ahora, las principales críticas provienen de la izquierda. «Me temo que esto conducirá a un dumping social patrocinado por el Estado», ha augurado la portavoz de Folketing, Mai Villadsen.

 El Gobierno danés da así un paso más en el endurecimiento de su política de inmigración, después de aprobar el pasado mes de junio una Ley de Asilo que permitirá deportar a los solicitantes a centros ubicados en países fuera de la UE durante el tiempo que lleve la tramitación de su solicitud e incluso una vez conseguido el estatus de refugiados, de manera que no lleguen a pisar territorio danés si no es con el estatus de refugiado ya concedido.

Copenhague espera llegar a acuerdos con otros países que se encarguen de esos centros como una subcontrata y desincentivar la entrada en el país o evitarla por completo. El proyecto de ley, promovido por el gobierno de centro-izquierda y apoyado por la derecha y la extrema derecha, fue aprobado con el voto de 70 diputados a favor y 24 en contra.

Frederiksen también ha retirado el permiso de residencia a los refugiados sirios, tras modificar la calificación oficial de Damasco, que ha pasado a ser considerada «zona segura» y ha endurecido la ley «antiguetos», para limitar el número de habitantes «no occidentales» que pueden vivir en cada barrio al 30%, como objetivo a cubrir en diez años. En los barrios objetivo, los niños están obligados a asistir a guarderías a partir del primer año de edad, para favorecer una socialización de tipo occidental y el aprendizaje del idioma, y a las familias que se niegan les son candeladas las subvenciones y ayudas sociales del Estado.

Estas políticas han recibido críticas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados por “contrarias a los principios en los que se basa la cooperación internacional en materia de refugiados”, pero sus reproches no parecen afectar a Frederiksen, que enarbola como un triunfo propio el hecho de que solo 761 personas obtuvieran asilo en Dinamarca en 2019 y otras 600 en 2020. Dinamarca recibe de hecho diez veces menos refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.