El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la pieza inicial de la Operación Pokémon, que en una década ha acumulado unos 170.000 folios en 307 tomos, solo una parte de la mayor causa sobre corrupción política que ha conocido Galicia.

En su último auto, Joaquín Brage, el magistrado que sustituyó en la recta final de la instrucción a la juez que impulsó las pesquisas, Pilar de Lara, aparca al menos la mitad de las tramas investigadas en esta pieza y libra a bastantes imputados, pero entiende que hay indicios de delitos en los que implica a 13 personas, con un papel protagonista para Francisco Fernández Liñares.

El socialista, exedil de Urbanismo con Xosé Clemente López Orozco como alcalde de Lugo, ya fue juzgado y condenado este año por otra trama de cohecho despiezada de la Pokémon, correspondiente a sus adjudicaciones en los años en que presidió la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En la pieza primigenia que da por concluida y enfila ahora la recta del juicio oral, Brage aprecia delitos de cohecho, blanqueo y negociaciones prohibidas en la concesión del servicio de la grúa por parte del Ayuntamiento de Lugo a la empresa asturiana Cechalva, en 2005, además de la existencia de una caja b en la compañía para realizar los pagos pactados a miembros del Ayuntamiento por haber conseguido la adjudicación del servicio.

El nuevo instructor, que reconoce su dificultad para asimilar ahora la descomunal causa en la que trabajó De Lara desde 2011 hasta que fue apartada por el Consejo General del Poder Judicial, zanja la tarea acordando que en adelante se siga únicamente contra 12 imputados además del exteniente de alcalde y exedil Fernández Liñares.

Brage habla de cohecho, violación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Entre los otros 12 imputados figuran la esposa de Liñares, su cuñado, algún funcionario y varios empresarios que se beneficiaron de adjudicaciones.

En el momento en que la Operación Pokémon ocupaba a diario las primeras planas de la prensa llegó a acumular más de un centenar de imputados y provocó un cataclismo en la política gallega. Otras piezas surgidas de la inicial (que a su vez nació de la Operación Carioca contra el proxenetismo en Lugo) siguen abiertas.

Varias de sus ramas, como las referidas a las empresas Vendex y Aquagest (todavía más voluminosas que la primera) se extendieron a otras comunidades autónomas y salpicaron a altos cargos de distintos partidos, en especial el PP y el PSOE.

 El magistrado acuerda en el auto, contra el que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que en 10 días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Y antes de empezar a desgranar las nueve tramas que entiende pueden llegar al banquillo hace constar sus dificultades para asumir los 170.000 folios heredados de la anterior magistrada titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

“El presente procedimiento no solo tiene una extensión fuera de lo común (aunque en este juzgado no sea la única causa de similar amplitud, ni la más amplia)”, sino que “además, se trata de un procedimiento de una gran complejidad, y con enrevesamiento y farragosidad crecientes. Todo propiciado por la multiplicidad de hechos de lo más diverso que aquí se han ido acumulando, sobre la base de una conexidad que se apreció en su día, lo cual se agudiza cuando quien se enfrenta a esta instrucción no intervino en ella durante los más de 10 años que ha durado”, justifica Brage.

“Esta duración, por cierto, también es fuera de lo común y no es imputable a los investigados, lo cual en su caso deberá valorarse en la fase procesal del juicio oral si se llega a ella”, continúa el actual instructor. “Se ha acordado, sucesivamente, la formación de muy numerosos testimonios y piezas, que dieron lugar a otras macrocausas igualmente extensísimas, para la tramitación separada de ciertas tramas, como forma de articular razonablemente la instrucción y, sobre todo, con perspectiva futura, el enjuiciamiento”, añade el magistrado.

En esta pieza, el juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del contrato de la grúa, los investigados jugaron con ventaja: “Conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento”. Así, resume Brage, “todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a [la firma] Cechalva fueron consentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con el teniente de alcalde”.

Liñares era “conocedor de la trama”, tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa, de la que presuntamente obtenía “importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros”.

El auto defiende que hay indicios de que los socios de la compañía “se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa”.

Según el juez, aunque los socios de la empresa creían que ese dinero iba a parar a manos del alcalde, en realidad quien lo recibía en mano a través del intermediario era Liñares. En total, según el magistrado, pagaron de la caja b de la empresa 2.000 euros al mes durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y los primeros siete meses de 2010, lo que supone un total de 110.000 euros.

Jarrones Versace y relojes Rolex

Con el objetivo, según el instructor, de disponer de dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos, los investigados crearon dos contabilidades. El propósito era “generar cantidades de dinero que quedaran al margen del ciclo tributario, mediante la creación de facturas ficticias o la contabilización indebida de otras facturas” y lograr obtener beneficios fiscales. Para tejer esta enredada estructura, según Vigilancia Aduanera los socios de Cechalva imputados contaban con la colaboración de empresas y profesionales que les facilitaban facturas falsas.

Además de otros delitos contables, el juez cree que todos los investigados cometieron estafa por extender facturas falsas que motivaron que el Ayuntamiento tuviese que pagar a la adjudicataria de la grúa cantidades superiores a las que le corresponderían. Al mismo tiempo, según el magistrado, uno de los socios de Cechalva “llevó a cabo comportamientos contables muy similares a los de la concesionaria” a través de la constructora Sanle.

El auto recoge una relación de regalos de lujo con los que los empresarios agasajaban a funcionarios y cargos públicos relacionados con las mesas de contratación. Enumera varios jarrones Versace y relojes de varias marcas como Tagheuer, Breitlings, Chopard o Rolex, valorados hasta en 4.050 euros.