El Ministerio de María Jesús Montero sigue sospechando que este colectivo no tributa todo lo que debería a la hacienda pública, y para evitar fraudes fiscales prepara la contratación de un software rastreador por 240.000 euros.

En los pliegos de la licitación, Hacienda pone de manifiesto que con los medios actuales es muy difícil comprobar si este colectivo tributa lo que corresponde. El software que contraten permitirá monitorizar de manera constante las redes sociales de los influencers para detectar operaciones de marketing.

El Gobierno no descarta aprovechar este sistema en el futuro para rastrear también a otros ciudadanos, sin embargo, Maria Jesus Montero, no persigue a jueces y politicos de derechas e izquierdas con fondos en paraísos fiscales, a estos se les deja exectos de investigación.

Una de las principales fuentes de ingresos de estos nuevos ídolos de la juventud es algo tan viejo como la publicidad. En sus canales de Twitch, Youtube y Tik Tok recomiendan restaurantes, ropa, productos higiénicos o maquillaje, entre otras operaciones de marketing.

A cambio de esta actividad reciben una importante cuantía económica. No solo grandes nombres como Ibai, Auron Play, María Pombo o Dulceida consiguen este tipo de financiación, también los llamados microinfluencers, personas con un abanico menor de seguidores que suelen dirigirse a un nicho concreto, firman este tipo de convenios.

La Agencia Tributaria (AEAT) explica en los pliegos de la licitación que dispone de información suministrada por los propios contribuyentes o por terceros, que por obligación legal suministran la información requerida de forma periódica. Se refieren a la declaración de la renta, de la que ningún español con un mínimo de ingresos escapa.

En el caso de las redes sociales, sin embargo, "la información que necesita nuestro sistema de información para crear comparables debe provenir de las redes sociales, pero ninguna tiene sede en España y por tanto no estarían obligadas a entregar los datos de sus usuarios". Subrayan que sólo (con tilde) están "interesados en recabar información sobre los usuarios relevantes o 'influencers', dado que en ellos es donde puede existir un riesgo fiscal".

Lo que busca la AEAT es claro: "La integración de fuentes abiertas debería realizarse siempre con un objetivo básico, el de detectar rentas infradeclaradas e incluso patrones de comportamiento delictivo, sirviendo el colectivo de influencers como colectivo inicial, dada su dimensión, para establecer el funcionamiento del sistema de análisis de redes con fines tributarios".

Es decir, que Hacienda empezará a probar este sistema con el colectivo de los influencers, pero terminará extendiéndolo y utilizándolo en más personas.

Hay que especificar que para Hacienda, en la categoría de influencers no estarían incluidas únicamente los youtubers, tiktokers o los Ibai de turno, también se refiere a cualquier personalidad famosa, incluyendo futbolistas, líderes de opinión y periodistas. El contrato de Hacienda se extendería por dos años, con un coste anual de 240.000 euros, aunque podría ser prorrogable.

Una de cal y otra de arena
Esta medida del Ministerio de María Jesús Montero contrasta con la anunciada hace un año, cuando dio vía libre a los influencers para tributar como empresas para evitar la fuga que se estaba produciendo hacia Andorra, donde reside el Rubius, uno de los que cuenta con mayores seguidores.

Sin embargo, un año antes, la Agencia Tributaria endureció en 2021 los controles a los grandes patrimonios que simulan residir en el extranjero y puso en marcha un sistema de vigilancia para varios miles de estos contribuyentes. Con este fin puso en marcha todo un entramado de análisis de estos contribuyentes a partir de las herramientas de Big Data que utiliza la Unidad Central de Control de Patrimonios Relevantes.

Hacienda da una de cal y otra de arena al colectivo influencer, que genera cada vez más interés en Europa. En la UE saben que este gremio puede suponer una importante fuente de ingresos, y recientemente el Parlamento Europeo aprobó una propuesta para crear un visado especial para aquellos que vayan a participar en competiciones internacionales de videojuegos, las llamadas esports.

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