El 31 de mayo se marca un hito histórico en la persecución a la libertad de conciencia en España. En un país donde hubo 360.617 nacimientos y 418.703 defunciones, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2019, hoy se inició el primer juicio desde la reforma al Código Penal que tipifica como delito «acosar» a las mujeres que se disponen a abortar, lo cual va en sentido contrario a las políticas necesarias para enfrentar la evidente crisis de natalidad. Los acusados son dos ancianos de 80 y 87 años que fueron denunciados por la gerente de una clínica abortista en Zaragoza.

El delito de los dos activistas provida, que hacen parte del voluntariado de la organización Amigos de la Maternidad y de la Vida (AMAVI), fue haberle dado un folleto a una embarazada cuando estaba a punto de entrar al centro abortista ACTUR, ubicado justo al frente de AMAVI. Según el testimonio de los ancianos que ahora enfrentan un juicio, fue la gerente de la clínica quien los denunció, amparándose en la reforma al Código Penal.

José Luis y Mari Nieves se habrían acercado a la potencial cliente de ACTUR para ofrecerle los servicios de orientación que brinda AMAVI. La presidente de esta organización, Margarita Cabrer, declaró  que la embarazada desistió de abortar al observar irregularidades en la clínica, como por ejemplo, que le habían aumentado repentinamente la tarifa que debía pagar de 300 a 1000 euros.

La mujer decidió voluntariamente tener a su hijo
Inmediatamente después de observar la irregularidad en cuanto al cambio abrupto de la tarifa, la embarazada acudió a AMAVI en busca de ayuda para tener a su hijo.

«Cuanto más grande fuese el niño más dinero había que pagar», le dijeron en la clínica abortista. En vista de que el aborto en España está limitado por la ley, los voluntarios provida sospechan que la clínica está cobrando montos extra por la práctica de abortos ilegales.

Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 es de decisión libre, entre la 14 y la 22 es permitido previo diagnóstico médico que lo justifique y posterior a la semana 22 solo se permite en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o detección de enfermedad fetal extremadamente grave e incurable.

El gobierno socialista actual determinó, de acuerdo con la reforma aprobada al artículo 172 del Código Penal, que explicarle a una mujer la humanidad del hijo que espera en el vientre para así evitar que lo aborte e incluso rezar por ambos afuera de una clínica es considerado «acoso».

AMAVI tiene como misión «defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural con el propósito de ayudar, acoger y formar a las mujeres embarazadas y adolescentes cuya familia o situación les impide garantizar el nacimiento y educación de sus hijos».

Ataques a los provida y «denuncia falsa»
La presidente de esta organización señaló al medio  que incluso la denuncia que hizo la gerente del centro abortista ACTUR contra los ancianos es falsa, ya que ellos no habrían increpado a la embarazada que estaba planteándose abortar a su hijo, como aseguró a las autoridades. «Los dos voluntarios acusados no increparon, es una acusación falsa, con el fin de amedrentarnos, a nuestra entidad y a otras entidades provida”, aseveró Cabrer, al tiempo que agregó que la denuncia se hizo incluso antes de que entrara en vigencia la mencionada reforma al Código Penal.

En vista de los continuos ataques personales y casos de vandalismo contra el centro de ayuda, los voluntarios se acomodan en pares para proteger a la institución y ponerse a disposición de las embarazadas.

Así fue que Mari Nieves y José Luis acudieron a la madre que optó por salvar la vida de su niño. Pero no recibieron agradecimiento por darle a España un hijo más ante la reducción de nacimientos. Por el contrario, están siendo perseguidos con un juicio que se inició este martes a las 12:10 (hora local) en el Juzgado de Instrucción N° 8 de Zaragoza.

Un precedente para amedrentar
Aunque los acusados tienen a su favor el testimonio de la mujer a la que presuntamente acosaron, el caso ha seguido adelante en vista de que serviría de castigo ejemplar para disuadir a los provida y así no poner en riesgo el negocio del aborto.

“Si no aumenta la fecundidad y no disminuye la tendencia a la baja nupcialidad y a altas tasas de ruptura de pareja, la tendencia a la baja del número de hogares y de personas por hogar será imparable, lo mismo que el aumento de la soledad”, advirtió recientemente el director del Observatorio Demográfico CEU, Joaquín Leguina.

Ante la tendencia negativa, la sentencia contra los ancianos podría dejar un precedente. La justicia determinará si colabora para proteger a los más indefensos de la sociedad y estimular el crecimiento de la población o si es cómplice de su reducción y por ende de la persecución a quienes defienden la vida de los no nacidos.

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