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La Eurocámara aprueba la prohibición de vender turismos y furgonetas de combustión desde 2035

"Objetivos ambiciosos que obliguen a cada Estado miembro a instalar suficientes puntos de recarga públicos".

Noticias 09 de junio de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la propuesta de poner fin a la venta de turismos y vehículos comerciales nuevos con motor de combustión (también híbridos) en el año 2035, adelantando en cinco años esta prohibición.

Con 264 votos a favor, 328 en contra y 10 abstenciones, los eurodiputados han rechazado la enmienda que presentó el Partido Popular para que este objetivo del 100% de reducción de emisiones pasase al 90% para dicho ejercicio.

Así, los eurodiputados han aprobado todo el informe presentado por la Comisión de Medio Ambiente (ENVI), con 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones.

En dicha Comisión se dio 'luz verde' como punto de partida a la propuesta que incluye un avance gradual con un objetivo intermedio de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.

La propuesta de una reducción del 40% de las emisiones de los coches y del 35% de las furgonetas para 2027 fue rechazada, mientras que la de un 70% de reducción para turismos y del 65% para furgonetas para 2030 resultó en empate, por lo que dichas iniciativas no han ido al Pleno.

La eurodiputada española de Ciudadanos, Susana Solís, se ha mostrado satisfecha y ha señalado, en declaraciones, que se ha conseguido que no se impongan objetivos intermedios más duros que "podrían haber asfixiado a la industria española".

"Hemos dado flexibilidad a los fabricantes de furgonetas ligeras, algo crucial para España, ya que somos el primer productor de este tipo de vehículos en Europa", ha incidido.

Pese a ello, ha destacado que la ley debe ir unida al Reglamento de Infraestructura de Carga (AFIR), en el que están trabajando para asegurar de que haya "objetivos ambiciosos que obliguen a cada Estado miembro a instalar suficientes puntos de recarga públicos".

"Desde el comienzo de las negociaciones he tenido claro que teníamos que apostar por la sostenibilidad, pero no a cualquier precio. El resultado es muy equilibrado porque permitirá llegar a un transporte sin emisiones sin sacrificar empleos. Esperemos que España haga realidad de una vez el Perte de la automoción para ponernos a la altura de Europa en la fabricación de vehículos y baterías", ha remarcado.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE y vicepresidente de la Comisión de ENVI, César Luena, ha mostrado su "satisfacción"  con motivo de que el "grueso de la propuesta" de la Comisión haya sido respaldado. "Esa propuesta es beneficiosa para los intereses españoles", ha subrayado.

En España, el año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, entre sus objetivos, recogía que la fecha para dejar de vender automóviles y vehículos comerciales de combustión (también híbridos) era 2040.

Ahora, los ministros de Medio Ambiente deberán decidir su posición sobre estos objetivos a finales de este mes antes de iniciar las negociaciones con el Parlamento. Se espera que la ley definitiva se apruebe en otoño.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, advirtió ayer, en el debate del pleno de la Eurocámara, que si se exigen a los empresarios, autónomos, trabajadores y familias medidas que no puedan asumir, "la lucha contra el cambio climático fracasará y nuestra economía perderá competitividad y se deslocalizará".

Por su parte, Solís, defendió un calendario "digerible" para la industria en el que no se pierda "ni un empleo", sin cambios en los objetivos para 2025 y con una revisión en el año 2027, con el objetivo de analizar la viabilidad, acordar una metodología para medir las emisiones y no cerrar la puerta a ninguna tecnología.

Mientras que el Luena indicó que el PSOE, apoyando la posición de la Comisión y con el respaldo del Gobierno de España, cubre los objetivos de la ambición climática de la UE y la cohesión social.

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