¿Se imaginan Ustedes que la Unión Europea nos vaya a facilitar y transguedir  con un código personal de identificación informática a fin de que todas nuestras actividades y operaciones puedan ser sabidas a los cuatro vientos? ¿Les ilusionaría que en todo momento, quien sean, sepan qué hace, hacia dónde va o temas similares? Más aún ¿Está al día que dicha codificación personal , su cartera digital, la que le identifica y le posibilita su acceso a toda clase de servicios y actividades esenciales pueda permitir a los distintos gobiernos, posiblemente también a grandes corporaciones empresariales y gestores del “vete tú a saber”,  lo que cada uno de nosotros realizamos? ¿Han llegado a pensar,  que el objetivo de este conglomerado es que el dicho código de acceso a identificación sea “algo imprescindible” para gestiones comunes como solicitar o disfrutar de un servicio público o ya, una vez echados al mar, lo que venga? Lo siento pero la UE, si todo ello fuese una realidad, se han pasado muchos miles de pueblos . La UE ha dado un giro de 360 grados si ello fuese una realidad. ¡Aquí podría haber más que tomate!

El pasado 18 de junio, terminaba en Madrid la Asamblea General del Movimiento Político Cristiano Europeo (ECPM) con la colaboración de interesantes Paneles de Expertos, donde técnicos, juristas y europarlamentarios abordaron las implicaciones sociales y jurídicas del proyecto de la Comisión Europea “elDas”, el nuevo sistema de la Identificación Digital Europea que parece será aprobado próximamente y nos afectará de lleno a toda la ciudadanía europea. En realidad, esto parece una película de complot al estilo soviético o algo parecido.

A raíz de la pandemia de COVID 19, la Unión Europea decidía  que existiese la necesidad de una mayor digitalización en Europa y de una solución centralizada con respecto a los servicios y el acceso a ellos por parte de los ciudadanos europeos. Parte de este gran paquete de transformación digital es la iniciativa sobre una Plataforma de Identidad Digital Europea (más que una iniciativa en este momento es un Reglamento de 2021 del Parlamento Europeo y del Consejo ( que modifica el Reglamento UE nº 910/2014) sobre identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior (elDas). En algunos países, ya poseíamos instrumentos análogos como la firma electrónica o el DNI electrónico en España, y ejemplos de plataformas ya vigentes de identidad digital en otros países europeos como Bélgica, Portugal, República Checa o Países Bajos.

Pero este proyecto que “visualizamos de aquella manera” es posible vaya un poco más allá y mucho nos tememos que, a día de hoy, somos bastantes los que ni sabemos nada al respecto de qué va lo que se nos pretende imponer, sin habernos informado sobre sus supuestos beneficios y costes, sin apenas debate alguno en los parlamentos nacionales y sin permitir a la sociedad civil europea participar sobre la legitimidad de imponer su obligatoriedad universal en Europa, sus ventajas e inconvenientes. Tanto silencio a más de uno nos lleva a la desconfianza y al “piensa mal y acertarás”. 

Todos los titulares de una tarjeta de identificación nacional y digital tendría que ser reconocida en cualquier rincón de la UE, que se presenta de una manera simple y segura en controlar la cantidad de información que se desea compartir con los servicios que requieren el intercambio de información. Operado a través de billeteras digitales disponibles en aplicaciones de teléfonos móviles y otros dispositivos permitiría identificar al usuario en línea y fuera de línea, almacenar e intercambiar información proporcionada por los gobiernos, almacenar e intercambiar la información proporcionada por fuentes privadas confiables, en definitiva, utilizaría la información personal como confirmación del derecho a residir, trabajar o estudiar en un determinado Estado miembro. 

Por otro lado, la Identidad Digital Europea, se puede utilizar en múltiples situaciones: servicios públicos, financieros, de Estado, servicios médicos, ocio y entretenimiento y, se está discutiendo la utilidad de esta tecnología para combatir el crimen, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Pero también nos podremos encontrar con algún que otro susto: la enorme cantidad de datos que se recopilarán de esta forma, quién lo gestionaría y cuáles son sus riesgos. Vale la pena tener una discusión sólida sobre el marco legal y la aplicación de sanciones en caso de que los datos se filtren o se usen indebidamente. Se afirma enfáticamente que ésta sería una plataforma/herramienta segura y confiable, que la privacidad del ciudadano estará garantizada y que el ciudadano mantendría el control de la cantidad de datos que se comparten a través de esta tecnología. Pero, ¿Es realmente así?

En la documentación ofrecida los distintos expertos reunidos en Madrid se han preguntado: ¿Cómo lo aseguramos? ¿Puedo optar por no participar? ¿Cuáles serían las consecuencias para los Gobiernos que venden o hacen mal uso de los documentos? ¿Cómo evitamos, como ya ha sucedido, que dicha automatización discrimine a las personas de color o con nombres o rasgos étnicos? ¿Qué legislación o garantías administrativas deberían establecerse? ¿Qué sucede si el dispositivo se pierde o te lo roban? Y ¿Qué hacen las familias vulnerables que no tienen acceso a poseer un teléfono inteligente, con sistema operativo que no se actualiza periódicamente? En definitiva, son muchas las cuestiones que nos planteamos ante esta posible Dana que parece venir.

El Presidente del partido político europeo ECPM, Valeriú Guietchi, situaba esta iniciativa de la Comisión Europea en la problemática lucha por el control de los datos, que requiere una prudente ponderación entre dos claros elementos: El deber de los Estados y de la UE, de proveer servicios eficaces que garanticen la seguridad de los ciudadanos; y el derecho de los europeos a la protección de su intimidad y privacidad y a mantener el control sobre la disponibilidad de sus datos personales. 

José Carlos Abellán Salort. Partido CONTIGO MÁS

Mariano Galián Tudela. Partido VALORES

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