Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, pidió a los países que integran la Unión Europea que no den más visados turísticos a los ciudadanos soviéticos, haciéndose eco de las declaraciones de su jefe, Volodimir Zelenzky, que exigió “cerrar las fronteras para todos los rusos, incluidos los que han abandonado su país y están en contra de la guerra”.

Las primeras en establecer una clara posición al respecto fueron Sanna Marin, jefa de gobierno de Finlandia, y su colega Kaja Kallas, líder de Estonia, dos figuras centrales en este conflicto porque, desde que la UE prohibió los viajes aéreos de Rusia a Europa, los ciudadanos soviéticos viajaban a Finlandia y Estonia por tierra y, una vez allí, tomaban vuelos a países como Francia, Italia, Alemania o España. Ahora eso ya no será posible.

Marin fue la primera en sentar su opinión de manera contundente: “Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Esto significa que, mientras los países Schengen emiten visados, los vecinos de Rusia (Finlandia, Estonia, Lituania) soportan la carga. Es hora de acabar con el turismo de Rusia. ¡Ya!”. 

Por su parte, Kallas declaró: “No está bien que los rusos puedan llevar una vida normal, viajar por Europa y disfrutar del turismo mientras Rusia está librando una guerra de agresión brutal en Europa”.

Urmas Reinsalu, ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, dio más detalles sobre la posición de su país: “La oportunidad de los ciudadanos rusos de visitar Estonia en grupos numerosos o de visitar Europa a través de Estonia es incompatible con el significado de las sanciones que hemos establecido”.

Tras estas declaraciones, Estonia anunció oficialmente la restricción en la expedición de visados y la prohibición de ingreso al país de todos aquellos ciudadanos rusos que cuenten con visados Schengen e invitó a todos los países europeos a imitar su ejemplo.

Sin embargo, el resto de los integrantes de la Unión Europea no han tomado todavía una decisión al respecto. Olaf Scholtz, canciller alemán, sintetizó lo que muchos de sus colegas piensan al respecto: “Se me hace difícil este tipo de planteamientos. La medida se dirigiría contra el conjunto de la población e incluiría a inocentes”.

Un detalle adicional es que, incluso si todos los gobiernos que componen la UE se pusieran de acuerdo sobre esta nueva sanción contra Rusia, habría problemas técnicos muy difíciles de resolver, por ejemplo: ¿qué sucederá con los visados ya concedidos que tienen una validez de varios años de duración?

Por el momento, la UE eligió no dar una opinión al respecto y dejar que cada país, de forma individual, exponga su punto de vista (como ya lo hicieron Alemania, Finlandia y Estonia), aunque la cuestión seguramente será abordada en el encuentro de ministros europeos de Asuntos Exteriores que se realizará el próximo 31 de agosto.

Rusia, por su parte, rechazó esta nueva sanción y denunció un intento de aislarla del mundo.

 ¿Y España qué?

 Solo en Marbella están censados oficialmente 2.800 ciudadanos rusos, y la variedad de trabajos que realizan estas personas permite entender la dificultad para colocarlos a todos en una misma categoría: hay multimillonarios, pero también albañiles, dependientes de tienda, trabajadores del sector hostelero y empleados administrativos.

A la mayoría de ellos no los afectaría esta nueva sanción porque prácticamente todos han ido adquiriendo segundas nacionalidades; además, España ofrece desde hace años el visado de residencia permanente a todos los extranjeros que compren una vivienda por un importe superior a los 500.000 euros, una práctica denominada “visados de oro” que también aplican otros países europeos.

         Según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, entre el 2013 y el 2020, los ciudadanos rusos fueron el segundo grupo que más “visas doradas” obtuvo en nuestro país, con 6.185 cartas de residencias aprobadas, solo superados por los chinos, que consiguieron 8.287. El 95% de estas cartas se otorgó a través de la compra de inmuebles.

El diputado López Aguilar reconoce que hay que cuidarse y no caer en falsos prejuicios a la hora de juzgar a los ciudadanos soviéticos que viven y trabajan en suelo español: “No se trata de decretar que a partir de ahora todos los rusos son sospechosos como consecuencia en cascada de las acciones de Putin”.

Por el momento, el presidente Pedro Sánchez no hizo ninguna mención a la nueva sanción solicitada por Dmytro Kuleba y evitó opinar sobre la decisión de sus colegas de Alemania, Finlandia y Estonia, lo que deja a España en un limbo legal. 

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