Un informe del Consello de Contas -el ente fiscalizador de las administraciones en Galicia, analiza el impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo sobre los contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Es en ese estudio en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se está amparando para rechazar, como ya ocurrió hace dos años, una auditoría externa sobre la contratación por la vía de emergencia en la crisis sanitaria.

Considera que ya hubo una revisión y que no encontró problemas y que la petición del BNG de investigar es un intento de "desviar" la atención. "No vamos a entrar en ese juego desde la tranquilidad de haber hecho las cosas bien", dijo,  tras el Consello de la Xunta, preguntado al respecto.

Alberto Núñez Feijóo sigue negándose a poner luz y taquígrafos en la compra de mascarillas por parte de la Xunta de Galicia en lo peor de la pandemia. No solo se ha cerrado en banda a cualquier tipo de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, sino que tampoco se muestra proclive a mostrar los contratos en el parlamento regional autonómico.

Todo ello mientras la oposición le reclama auditorías externas independientes para determinar si el material que se adquirió fue el más adecuado, es decir, óptimo según los estándares y controles de calidad, y con qué empresas e intermediarios se contrató.

A día de hoy todo son preguntas sin respuestas, y lo que es más preocupante: un informe del Consell da Contas ha hallado indicios de irregularidad, como compras que se hicieron mediante acuerdos verbales, que, sin bien no están taxativamente prohibidos por ley en situaciones de extrema y urgente necesidad, como fue la crisis sanitaria del coronavirus, sí deben ajustarse al menos a unas mínimas y elementales normas de transparencia.

El informe del tribunal de cuentas gallego ha admitido que hubo “contratos verbales” que no se formalizaron posteriormente, así como falta de publicidad de las adjudicaciones, unas prácticas que ya no tenían sentido cuando el mercado se había reajustado, cuando había mascarillas suficientes y era posible buscar, dentro de la negociación de emergencia, procedimientos “más respetuosos con los principios que inspiran la contratación del sector público (cierta publicidad, concurrencia competitiva, elaboración de pliegos o fichas técnicas, etc.)”.

Según el portal de análisis Global Politics and Law, “como resulta conocido, en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) sólo hay un caso en el que se permite que se haga contratación verbal: son los casos de los procedimientos de emergencia, que han alcanzado su apogeo en la pandemia del covid 19, aunque se han venido aplicando con anterioridad, vinculados a este tipo de circunstancias. En los demás supuestos, el contrato se deberá formalizar por escrito.

Una regla que es necesaria especialmente para garantizar la certeza en las prestaciones que ha de cumplir el contratista y que permite ejercitar las potestades administrativas en relación con la ejecución, que efectuará el responsable del contrato”.

La regla de la excepcionalidad de la contratación verbal por parte de las entidades del sector público está contemplada en el artículo 37.1 de la LCSP, donde se señala de forma clara, sin caber dudas al respecto: “1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia”. Por tanto, cabe en un único caso: contratos de emergencia.

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En consecuencia, tiene que producirse una declaración de situación de emergencia y, en ella, existir una situación concreta que impida que se ejecute un procedimiento formalizado para la contratación. En los casos del artículo 120, en consecuencia, “se podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente”.

Por tanto, se permite la contratación verbal, pero siempre para garantizar la protección del interés general y no dé tiempo a una contratación escrita. “Y aquí hemos de recordar los casos del procedimiento supersimplificado del artículo 156.1, se pueden reducir al mínimo los plazos para contratar. Y que, además, caben otras opciones”, asegura el citado portal digital.

Críticas a Feijóo
El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ha apoyado la denuncia de una plataforma cívica que pide investigar la compra de mascarillas por parte de la Xunta que presidía Feijoo y quiere que este tema se aborde también en la comisión de investigación que el PSOE ha planteado en el Congreso a raíz del caso Koldo que salpica a los socialistas.

En rueda de prensa en el Congreso, Rego hizo referencia a la denuncia presentada por la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero Gallego ante la oficina Europea Antifraude por la compra de mascarillas falsificadas y que no cumplían los requisitos de la Unión Europea en la etapa del actual líder del PP.

“El Partido Popular está manteniendo una actitud absolutamente demagógica poniendo el foco en el caso Koldo”, dijo Rego, subrayando que hay “más casos”. Ha apuntado al Gobierno autonómico de Feijóo en Galicia.

Rego ha pedido que el líder del PP “dé cuenta” de un asunto que le afecta directamente, ante la denuncia anunciada por la plataforma gallega por la supuesta compra de mascarillas falsificadas durante su época como presidente de la Xunta.

Ante esto, el diputado del BNG ha reclamado que sean investigados “todos” los contratos para la compra de mascarillas que tuvieron lugar durante la pandemia, incluidos los de los gobiernos del PP en aquel momento y para que “quien esté implicado asuma responsabilidades políticas”.

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